En la Comisión Primera de la Cámara se adelanta la discusión del proyecto de ley que permite el sometimiento de bandas criminales a la justicia. Una estrategia utilizada por el Gobierno Nacional para poner en marcha la política de paz total con varios grupos ilegales al margen de la ley.
El trámite de este proyecto de ley en el Congreso de la República comenzó con un fuerte ambiente político en contra. Al respecto, el representante de Cambio Radical, Julio Cesar Triana, manifestó que “presentamos ponencia de archivo al proyecto de ley de sometimiento presentado por el Gobierno Nacional. Consideramos que este es un proyecto abiertamente inconstitucional, porque debió ser tramitado como una ley estatutaria y no como una ley ordinaria”.
El parlamentario agregó que “debe ser estatutaria porque se ocupa de temas de justicia transicional como son las penas alternativas y el tratamiento penal diferenciado. Esta es una ley que genera enorme impunidad porque aquellas organizaciones criminales que cometen secuestros, masacres y reclutamiento forzado van a terminar con unas penas máximas de 5 a 8 años, pero no se hable de cárceles de máxima seguridad sino de sitios especiales de reclusión que el Gobierno aún no define”.
Triana señaló además que “las víctimas serán las más afectadas porque los delincuentes más grandes podrán recuperar hasta el 12% de su fortuna obtenida de manera ilegal. Se crea una serie de beneficios a los integrantes de la primera línea, causantes de múltiples daños a personas y bienes ajenos por lo que no pagarían cárcel”. El representante del Huila no ha sido el único parlamentario en oponerse al proyecto.
Más votos en contra
El representante del Centro Democrático, José Jaime Uscátegui, manifestó que “no puedo estar de acuerdo con más impunidad, ni con seguirle haciendo el juego a los amigos del pacto de La Picota. Este proyecto pretende premiar criminales y dejarles incluso el dinero ilegal que le arrebataron al pueblo colombiano. Confío en que la Comisión Primera archive unánimemente este adefesio de impunidad total”.
A su turno, la representante Marelen Castillo, de la Liga de Gobernantes, afirmó sobre esta propuesta que “son varios puntos negativos en el proyecto, pero estábamos mandando un mensaje negativo a la sociedad, porque usted puede delinquir, declarar lo que quiera como producto ilícito, tener una pena irrisoria y quedar libre. Los grupos criminales no declaran todo lo que delinquen, aquí hay grupos que ya negociaron en el acuerdo de paz de 2016, y no se les debe dar beneficios otra vez, pero además están buscando favorecer a la primera línea porque no hay ninguna ley que vaya en beneficio de los colombianos, sino en beneficios particulares”.
La representante Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, afirma que “el proyecto de ley de sometimiento es una afrenta contra el sistema de justicia actual como lo conocemos, que busca darle beneficios impensables a cualquier criminal de este país a cambio de nada. No tienen que entregar información, no tienen que entregar rutas, no tienen que entregar armas, no tienen que entregar plata, sino no hacen lo que les piden hacer no hay sanción de nada, es una pésima idea que me genera es un coqueteo con grupos criminales justa antes de elecciones lo cual me parece asqueroso. Es el tal pacto de la picota de frente”.
Desde el Partido Conservador, el representante Juan Daniel Peñuela, otro de los congresistas que adhiere a la ponencia negativa, sostiene que el proyecto no ofrece justicia para las víctimas: “Hay grandes preocupaciones, uno es que esta ley debe tramitarse como ley estatutaria porque está contemplando temas relacionados con justicia transicional y así lo ha establecido la Corte Constitucional”.
Peñuela agrega en ese sentido que “acá se determina que debe ser una ley ordinaria, en el centro de la iniciativa no están las víctimas, aquí hay un desequilibrio en favor de los grupos al margen de la ley porque hay una gran cantidad de beneficios inconcebibles”. Las votaciones de la ponencia de archivo se tienen que dar en los próximos días. No obstante, se conoce que, a partir de la renuncia de Eduardo Montenegro al Ministerio de Justicia, el proyecto no tiene defensor y al parecer se va a hundir.
Fuente El Nuevo Siglo Fotografía Cámara de Representantes