Un parte de tranquilidad, en el sentido de que el Grupo EPM continúa sin interrupción sus operaciones y atendiendo sus compromisos, dio el gerente general de esta organización antioqueña, Álvaro Guillermo Rendón, tras conocerse la renuncia masiva de los miembros de su junta directiva el martes en la tarde.
Y si bien dijo que las directivas del Grupo, incluido el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, respetan la decisión, no comparten los motivos que la impulsaron.
Pero indicó, a su vez, que seguirán en su propósito de buscar que algunas de las empresas que intervienen en el proyecto de Hidroituango resarzan los daños causados al Grupo en el desarrollo de este. Las pretensiones de EPM suman 9,9 billones de pesos.
¿Qué significa esta inusual ruptura en el sector empresarial antioqueño?
En Antioquia el sector público y privado van muy de la mano, y esto no se romperá por esta situación, porque no la produjo la administración ni fue un cambio de junta del alcalde (Daniel Quintero), que por el contrario la ratificó, sino una decisión de sus miembros que debe ser respetada y a quienes hago un reconocimiento por su gran labor en estos años.
No hubiéramos querido que se presentara, pero hay que decir que la organización sigue su camino sin que esto afecte sus tareas cotidianas en el marco del gobierno corporativo, porque esta es una empresa que siendo pública se comporta todo el tiempo como si fuera privada.
En su renuncia, los miembros salientes de la junta indicaron que no se les consultaban temas claves, entre otros malestares…
Los reparos que hacen en su carta no tienen que ver con proyectos de la competencia de la junta directiva (esos temas) solo podían conocerlos. Son dos aspectos que hacen referencia a situaciones que competen al alcalde y al gerente. El primero tiene que ver con el objeto de la organización, que no era nada distinto a agregarle tres o cuatro líneas para conectarlas con el plan de desarrollo de la ciudad y los focos estratégicos que tiene EPM.
El otro tiene que ver con la conciliación. Los mismos miembros de la junta venían pidiéndole a la gerencia que propiciara unos escenarios de conciliación con todas las personas y empresas que hacen parte de la construcción y funcionamiento del proyecto hidroeléctrico Ituango. Acudimos a una idea de la junta y la llevamos a un escenario de conciliación que no es un tema ni contencioso ni litigioso, por eso no se les consulta.
¿Quién les aceptará ahora ser miembro de la junta?
Esta tarea la adelanta el alcalde de Medellín donde hay prestantes empresarios y miembros de la academia que seguro serán llamados (8 personas) para que se integren lo más pronto posible y se genere esa normalidad que la compañía necesita. Por ahora, todas las decisiones están tomadas, no hay ninguna en la mesa que tenga una urgencia manifiesta para ser decidida por la junta, lo que da tiempo para la selección y posesión de la nueva junta.
¿Cree que esta nueva situación golpeará la reputación del Grupo?
Aprovecho para enviarles un mensaje de tranquilidad a los acreedores nacionales e internacionales; sin duda, esta es una empresa sensible a este escenario, tenemos un comportamiento muy importante en los mercados de capitales y por eso hoy salimos rápido a explicar este hecho de forma tranquila.
Esta es una situación inesperada, a una renuncia de unos miembros de su junta no se la puede tratar como una crisis, pero hay que respetar esas decisiones y actuar rápido para encontrar una solución.
Esto no representa parálisis ni tampoco inacción de la organización, seguimos trabajando en la misma dirección y con el mismo entusiasmo. El tema fue mucho más complejo cuando asumimos en enero, pues había una situación compleja, por cuanto estábamos a 18 meses, para ese momento, de la contingencia y aún no estaban claras las posibilidades de la acción de EPM frente al proyecto.
¿Está en riesgo el futuro de Hidroituango?
El proyecto de Hidroituango no está en juego; nos hemos comprometido, y así se lo hemos dicho al mercado, a generar energía a partir del 2022 con cuatro unidades. Este es un proyecto que tiene seguimiento semanal del Ministerio de Minas, de altos consejeros del Gobierno, la Contraloría, la Procuraduría, de la Agencia Jurídica del Estado y de la firma de auditoría forense McGregor.
¿Cuánto tiempo tomará el proceso de conciliación con las empresas comprometidas?
La ley establece un plazo máximo de tres meses. Así, el 10 de noviembre se deben mirar los avances de la conciliación, si logramos llegar a ese gran propósito y a un acuerdo, que sería lo ideal, en el que cada parte va dejando claro que puede aportar en el proceso según sus alcances.
¿Cuántas empresas hacen parte del proceso de conciliación?
La única empresa que ha reaccionado ante las contingencias ha sido Mapfre Seguros, por lo que no está llamada a esta conciliación (Suramericana y Chubb Seguros son las otras), las demás sí, entre otras razones porque cuando se plantea una conciliación se construye una lealtad procesal, desde el principio se deben comunicar las pretensiones, aportar las pruebas y los hechos, esos mismos pasan a la fase de lo contencioso o litigiosa en caso de que no haya un acuerdo.
Fuente y Fotografía eltiempo.com