Los abogados representantes de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Casanare, Juan Pablo Ramos y Genaro Hernández manifestaron en la audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que el reconocimiento de responsabilidad del Teniente Coronel (r) Germán Alberto León Durán resulta insuficiente en comparación con lo establecido en el auto 055 de determinación de hechos y conductas.
El abogado Juan Pablo Ramos, del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y la Corporación Jurídica Libertad, señaló que el compareciente ha reiterado que su responsabilidad derivó de una “omisión deliberada” en las tareas de verificación y control, pero no ha asumido plenamente la responsabilidad por acción que establece el auto de la Sala de Reconocimiento. “Esperábamos más respuestas en los espacios privados, esperábamos más en su reconocimiento, esperábamos más sabiendo que recibirá un trato beneficiado”, afirmó Ramos.
Según la representación de víctimas, el auto 055 fundamentó la responsabilidad del Coronel Germán Alberto León Durán en un “liderazgo activo” sobre la subestructura criminal del Batallón de Infantería N° 44, instrumentalizando su mando para coordinar asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate. Sin embargo, los abogados indicaron que en los espacios privados y en la audiencia pública, el compareciente se ha mostrado “supremamente ajeno” a los detalles de planeación y encubrimiento.
Los representantes identificaron varios temas que quedaron sin esclarecimiento suficiente: el involucramiento de la justicia penal militar en el encubrimiento de los crímenes, el manejo de informantes y las actas de pago asociadas, los denominados “kits de legalización” con armas que se colocaban a las víctimas, y la relación entre el batallón y grupos paramilitares o estructuras sucesoras conocidas como BACRIM.
“Si bien entendemos que dentro de una estructura criminal hay una compartimentación, el compareciente se mostró supremamente ajeno, como si no tuviera nada que ver”, indicó Ramos sobre el tema de los informantes. El abogado añadió que otras unidades y batallones han aportado información sobre actas de pago y registros relacionados con la comandancia.
La representación de víctimas solicitó a la magistratura que, al aplicar el principio de gradualidad establecido en el artículo 13 del Acto Legislativo de 2017, se imponga “la sanción más alta posible” dentro del rango correspondiente, argumentando que no hubo “un completo, exhaustivo y detallado reconocimiento” de lo establecido en el auto 055.
Fuente y Fotografía Redacción Radio Noticias Casanare