En Colombia, donde tener tierra no siempre significa tener derechos, la formalización de la propiedad rural no es un trámite cualquiera: es una deuda histórica. Y en Tame, esa deuda empieza —finalmente— a saldarse, aunque el camino aún es largo.
En una reunión estratégica, la Agencia Nacional de Tierras, en coordinación con la Administración Municipal de Tame, trazó la hoja de ruta para una intervención directa en el territorio. ¿El objetivo? Avanzar en el proceso de titulación y formalización de la propiedad rural.
Este despliegue ha sido posible gracias a la gestión del alcalde Miguel Ángel Bastos. Fruto de ese trabajo, un equipo interdisciplinario de 10 profesionales ya se alista para atender las solicitudes de campesinos y entidades públicas que por años han esperado que la tierra que trabajan o utilizan deje de ser solo un lugar… y se convierta en un derecho.
Entre los beneficiarios potenciales están personas naturales que ocupan baldíos y también instituciones como escuelas, puestos de salud y escenarios deportivos ubicados en el campo. Porque la propiedad, cuando no está en regla, se convierte en una trampa invisible que impide el acceso a inversión, infraestructura y progreso.
El equipo —integrado por juristas, topógrafos, agrónomos y personal administrativo tienen una misión clara: agilizar y garantizar los procesos de titulación rural.
Por ahora, su vinculación está asegurada solo hasta el 30 de septiembre, lo que levanta una pregunta incómoda pero necesaria:
¿Y después qué?
Aunque el propósito es ampliar la permanencia de este equipo durante el resto del año, aún no hay garantía presupuestal que lo confirme. Como tantas veces en el sector público, los buenos anuncios necesitan más que voluntad: necesitan respaldo sostenido.
La tierra no es solo un recurso. Para miles de familias rurales, es identidad, herencia, alimento y futuro.
Y si el Estado no formaliza, institucionaliza la incertidumbre.
Cortesía La Prensa Araucana