El Alcalde de Yopal, Luis Eduardo Castro reveló que tres funcionarios de la Secretaría de Hacienda Municipal fueron capturados en las últimas horas municipal de Yopal por incurrir presuntamente en desfalco de 1.400 millones de pesos que se habrían cobrado por un posible manejo irregular en el pago del impuesto predial que habían hecho algunos contribuyentes para evitar cancelar la totalidad del tributo.
El mandatario local dijo que esta investigación se inició ante una denuncia formal que interpuso el titular de la cartera de finanzas de la Administración local, que relacionaba a la Oficina de Recaudo en donde se evidenció según el funcionario que puso en conocimiento ante la Dirección Seccional de Fiscalías de Casanare, irregularidades en el registro del paz y salvo de los deudores, que no coincidían los extractos bancarios del municipio con lo recaudado.
Trascendió que la investigación habría establecido que por lo menos en 151 registros de presunto pago de este impuesto del año 2019, a la fecha, NO ingresaron a las cuentas del municipio presentándose un detrimento inicial de $1.004.863.150.
Ante estos hechos se conformó una comisión élite para construir este caso que dejó muy preocupados a la administración local, por ellos personal de la Unidad de Administración Pública del CTI Casanare y la DIJIN Anticorrupción Bogotá, en un acto urgente, logra establecer, que presuntamente las anomalías encontradas fueron cometidas por servidores públicos a través de los contribuyentes, quienes entregaban dinero para reducir el monto de la obligación.
Los organismos de seguridad en las pesquisas hallaron que algunos funcionarios públicos de la Secretaria de Hacienda por pedido de particulares ingresaron al sistema de información CONTRACTUS ERP, donde modificaron la cuenta de cada usuario haciendo ver que se encontraban a Paz y Salvo tras haber cancelado unos recursos por registros catastrales, sin que esos dineros que supuestamente habrían consignado hayan entrado al municipio de Yopal.
Según datos de las autoridades judiciales, los funcionarios implicados recibirían pagos, presuntamente hasta el 50% del valor de lo adeudado por el acreedor.