En las últimas tres semanas, en zona rural de Bojayá, Chocó, una niña menor de edad y tres jóvenes de las comunidades Villa Hermosa, Playita y Unión Baquiaza, resguardo Opogadó-Doguadó del pueblo Embera, se suicidaron a causa de factores asociados al conflicto armado. Recientemente, la Defensoría del Pueblo constató cuatro intentos de suicidio en el mismo territorio.
Las disputas por el control territorial y social entre las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) llevaron, entre enero y junio de este año, al suicidio de tres niñas, un niño y dos jóvenes, en total seis miembros de las comunidades indígenas bojayaseñas Playa Bonita, Chamú, Santa Lucía de Pogué, Apartadó, Buchadó y Unión Baquiaza.
“¿Cómo es posible que niñas, niños y jóvenes en el Chocó opten por la muerte y no por la vida? El Gobierno debe garantizar el derecho al buen futuro para niñas, niños y jóvenes, especialmente en aquellas zonas que día a día padecen el conflicto armado.
Las comunidades étnicas en el departamento del Chocó nos contaron cuán cansadas están de la injerencia de los grupos armados ilegales. Los grupos armados deben tomar conciencia de los impactos que tiene su conducta en las generaciones presentes y futuras del país”, es el reclamo de la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.
Fortalecer las terapias de sanación étnico-espirituales con lo que hacen psicólogos y trabajadores sociales, añade la Defensora, “es importante en prevención del suicidio. Por eso es oportuna la destinación de recursos, con el propósito de que haya una armonía que permita la articulación entre las dos formas unificadas de tratar los casos”.
En la Alerta Temprana 016 del 2021, emitida para la cabecera municipal de Bojayá, 12 corregimientos, un consejo comunitario y 15 resguardos indígenas —también para los municipios de Vigía del Fuerte y Medio Atrato—, la Defensoría exhorta a los entes gubernamentales a darles cumplimiento a las 29 recomendaciones formuladas de carácter preventivo, coordinado y urgente, con el propósito de que sean salvaguardados los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad de los pobladores.
La radiografía a escala país
Al crudo panorama se suma lo que está ocurriendo en otros territorios, pues entre enero y agosto del 2024, de acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal, se suicidaron 183 niñas, niños y adolescentes. El 44% eran niñas y adolescentes y el 56%, niños y adolescentes. El 1% formaba parte del grupo etario de 5 a 9 años; el 20%, del grupo de 10 a 13 años, y el 79%, del de 14 a 17 años.
Los diez departamentos —incluye a la capital del país— con mayor número de reportes, atendiendo a la misma fuente oficial, fueron Antioquia, con 83; Bogotá, 22; Valle del Cauca, 14; Cundinamarca, 11; Boyacá y Huila, con nueve cada uno; Nariño, ocho, y Atlántico, Bolívar y Cauca, con siete casos cada uno.
Intentos de suicidios en Colombia
A nivel país, los intentos de suicidios también llaman la atención de la Defensoría, ya que, según información del Instituto Nacional de Salud (INS), entre enero y el 9 de octubre del año en curso se presentaron 32.464 casos; 12.899 de ellos correspondieron a niñas, niños, adolescentes y jóvenes entre los 5 y 19 años, que representan el 40% de la estadística.
De los cerca de 12.900 intentos de suicidios, en el grupo de 5 a 19 años, el 75% ocurrió en niñas, adolescentes y jóvenes mujeres, y el 25%, en niños, adolescentes y jóvenes hombres; en el grupo de 5 a 19 años, el 42% se presentó en el estrato socioeconómico 1 y el 40%, en el estrato 2.
El llamado hecho por la Defensoría del Pueblo
Urge la aplicación del enfoque diferencial en los programas para la atención psicosocial y en salud mental derivada de múltiples factores, que involucran la violencia generalizada, la violencia sexual, el confinamiento y desplazamiento forzados, la instalación de artefactos explosivos improvisados y minas antipersonales, el reclutamiento de menores de edad, entre otros, que, para el caso de Chocó, han conllevado la ruptura de las tradiciones culturales de los pueblos étnicos, situación que ha agravado lo que está ocurriendo.
“No podemos seguir permitiendo que las personas pierdan el sentido de la vida, la vida es un derecho fundamental que debe ser protegido. Es por ello que le solicitamos al Ministerio de Salud y las entidades del mismo ramo a nivel departamental y municipal fortalecer la atención integral, que sea llevada a la realidad, así como garantizar una presencia integral del Estado que brinde un entorno protector a niñas, niños y adolescentes”, manifestó la Defensora Iris Marín Ortiz.
Fuente y Fotografía Defensoría del Pueblo