En 55 días exactos se vence el plazo establecido para que las Farc terminen su proceso de dejación de armas y reincorporación a la vida civil. Plazo que, además, implica, a la luz del Acuerdo de Paz, el fin de las zonas veredales transitorias de normalización. Sin embargo, ante las enormes dificultades que ha habido para habilitar estas zonas y para cumplir con la implementación del Acuerdo de Paz, el Gobierno y esa guerrilla vienen explorando la posibilidad de extender el plazo pactado para levantarlas, pues según el cronograma, tendrían que terminar el próximo 1° de junio.
Para las Farc ha sido claro desde un principio que una cosa es cumplir con los términos pactados para la dejación de armas y otra es terminar el proceso de reincorporación de los combatientes a la vida civil. Por eso, desde el inicio del proceso de ingreso a las zonas veredales, han dudado de que el día D+180 los casi 7.000 de sus miembros vayan a salir de esos 26 espacios acondicionados para cumplir con lo pactado sobre cese al fuego bilateral y definitivo y la dejación de las armas.
Y como la hora se acerca a pasos agigantados, las partes empiezan a buscar la manera de enfrentar el tema. Lo dijo el miembro del Secretariado Andrés París hace unos días en distintos medios de comunicación: “Ya hay un compromiso político alcanzado con el Gobierno en Cartagena para ampliar el período de las zonas veredales que se llamarán de otra forma dentro de una nueva forma jurídica”, expresó, no sin antes explicar que el propósito de estas zonas, luego de la dejación de armas, será cumplir con la efectiva reintegración de los excombatientes a la sociedad.
El jefe guerrillero detalló que aún no está claro cuánto tiempo se podría prorrogar la existencia de las zonas, pero sí fue claro en advertir en que éstas cambiarán de nombre y razón jurídica. Y la respuesta no se hizo esperar por parte del Gobierno, el cual, a través del comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, admitió que se está estudiando esta posibilidad, pero aclaró que esto estaría condicionado a que las Farc cumplan con el cronograma de dejación de armas, que termina con las extracción de la totalidad del material bélico el 1° de junio de este año.
Eso sí, Jaramillo desmintió que ya exista un acuerdo, dejó claro que el tema está explorándose y que la prórroga de las zonas sería puntualmente para la reincorporación de los excombatientes, es decir, para tareas de alfabetización, consolidación de los proyectos productivos y para poder hacer un acompañamiento muy riguroso de su tránsito a la vida civil. “Hay una comprensión compartida sobre la base que se cumpla el cronograma del D+180 para que el proceso de desarme termine en los seis meses acordados, en ese caso, el Gobierno está dispuesto a mirar cómo la infraestructura que construimos de campamentos se pueda utilizar para preparar a los hombres de las Farc a su reincorporación a la vida civil”, refirió.
De hecho, Jaramillo explicó que lo que se tiene acordado es que si cumplen con los 180 días que están pactados para el desarme, se pensará en la mejor manera de aprovechar la infraestructura construida “para hacer una reincorporación ordenada” de los miembros de la guerrilla. Y es que para nadie son un secreto los costos humanos y materiales que ha tenido la construcción de los campamentos, áreas comunes o zonas de recreación en las apartadas regiones donde se ubicaron estas zonas veredales. Y lo absurdo que sería dejar estas inversiones a la suerte de la manigua.
En ese contexto se habla de una propuesta que estaría formulándose desde la misma Oficina del Alto Comisionado, en la que se explican los alcances y las motivaciones de la ampliación del tiempo de las zonas. En primer término, se busca aprovechar las instalaciones para echar a andar los proyectos productivos de los excombatientes, luego de que se cumplan los 180 días del plazo inicial establecido en el Acuerdo de Paz. De alguna manera, las zonas veredales dejarían de llamarse de esa manera para pasar a convertirse en “centros de capacitación para la reincorporación”.
Eso sí, una vez las Farc entreguen todas sus armas y se levante el Mecanismo de Monitoreo y Verificación del cese bilateral del fuego, las zonas donde permanezcan los excombatientes estarán abiertas para el ingreso de la Fuerza Pública y las autoridades locales, departamentales y nacionales. Cosa que hoy no ocurre, puesto que se necesitan autorizaciones de dicho mecanismo. De alguna manera, para el Gobierno es preferible que los miembros de las Farc se mantengan en zonas definidas a que se dispersen por todo el territorio, a riesgo de ser reclutados por bandas criminales o asesinados.
Eso sí, sería inevitable que las Farc hagan política desde estas regiones y busquen echar raíces en las comunidades y en la economía regional, ya que muchos de los proyectos de reincorporación tendrán componentes agrícolas y asociativos que harán que la guerrilla se integre en las poblaciones en donde se ubicaron las zonas veredales. Sin embargo, todo lo que se diga sobre lo que ocurrirá en estas regiones es pura especulación, ya que por ahora ni se ha terminado el plazo de la dejación de las armas, ni es claro si habrá prórroga de las zonas veredales.
Lo único cierto, hoy por hoy, es que el tiempo de la dejación de armas corre, que esta semana las Farc ya entregaron un listado definitivo de sus miembros ubicados en esas zonas, que la identificación y el registro de armas y bienes está avanzado, al mismo tiempo que el Gobierno impulsa los cambios legislativos que exige el acuerdo. Un panorama positivo que da muestras de que las partes están cumpliendo, y la duda entonces es si están dadas las condiciones para su reintegración a la vida civil.
Fuente y Fotografía ElEpsectador.com