El exdirector emblemático del Gaula de la Policía es investigado por supuestamente hacer parte de una red de interceptaciones, conformada por antiguos integrantes de la Fuerza Pública. El general retirado, por su parte, se declaró inocente por estos hechos
La Fiscalía General radicó el escrito de acusación, el pasado 19 de diciembre, y llamó a juicio al general (r) Humberto Guatibonza, exdirector del Gaula de la Policía, quien es investigado por supuestamente hacer parte de una red de interceptaciones ilegales, conformada por antiguos integrantes de la Fuerza Pública.
La génesis de todo es una fiscal de Pasto que investigaba una denuncia interpuesta el 5 de mayo del 2017 por el robo de hidrocarburos en la vía Panamericana. En esa investigación se identificó al coronel (r) del Ejército Carlos Andrés Pérez, quien era el jefe de seguridad de la Alcaldía de Ipiales, como uno de los responsables.
Al hacer seguimiento a sus comunicaciones, las autoridades identificaron a María Alicia Pinzón Montenegro, una hacker que creó y perfeccionó un software desde 2006 para interceptar mensajes Whatsapp, llamadas y recuperación de datos. Para diciembre del 2017 se prendieron las alertas, pues se descubrió que Pinzón intentó chuzar al fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Jorge Hernán Díaz.
La Fiscalía unió cabos sueltos, monitoreó sus conversaciones y logró establecer que ellos eran los cerebros de una red que funcionaba desde Ipiales y dos oficinas en Cali. El 3 de agosto de 2018 capturaron al coronel (r) Salinas, el mayor (r) Quiroga, la hacker Pinzón y el coronel (r) Pérez. Los tres primeros fueron arrestados en la casa de Pinzón mientras trabajan en sus computadores, en los que estaban consignadas todas las pruebas de las chuzadas ilegales.
La primera en hacerlo fue María Alicia Pinzón, quien dio acceso a las 175 carpetas en las que consignaron toda la información recopilada ilegalmente para sus clientes. El Coronel (r) Salinas fue el segundo en hablar. Explicó cómo comenzó la red, que tenía la capacidad de interceptar datos, llamadas, acceder bases de datos y violar la intimidad de las personas a las que sus clientes querían chuzar.
Salinas dijo que conoció a María Alicia Pinzón cuando era oficial de inteligencia del Ejército, ya que ella era una de sus fuentes humanas. Aseguró que tras su retiro fue contratado como jefe de seguridad de Ferrocarriles del Pacífico y que, en esa época, para resolver un problema interno de seguridad, acudió a la hacker para que con su software interceptara los Whatsapp de trabajadores que al parecer estaban robando a la empresa. Desde ese entonces sellaron su sociedad y el coronel (r) Salinas contrató a Pinzón por $3 millones mensuales.
Para dejar constancia de todo el material que le enviaba la hacker, el coronel Salinas (r) creó en su computador un archivo llamado “Ferrocarriles del Pacífico”. Fue en esa misma carpeta en la que se encontraron los 175 expedientes de los clientes que accedieron a la organización. En sus declaraciones a la Fiscalía, el coronel (r) Salinas y Pinzón dieron a conocer los nombres de quienes supuestamente oficiaron como sus socios a través de distintas empresas de seguridad. Ahí aparecieron mencionados el general (r) Guatibonza, a quien señalaron de ser uno de los encargados de conseguir clientes a cambio de un porcentaje del negocio.
“Con el general (r) Guatibonza había una intención clara en temas de consultoría, seguridad y capacitaciones investigativas. Estaba la intención de abrir oficina en Ecuador y en los casos que él me pidió apoyo, él sabía exactamente lo que se hacía. Recuerdo tres casos en particular, como lo fue la recuperación de mensajes de Whatsapp de unos teléfonos que él me pasó, el caso de cobre, que era una pérdida de material en una empresa petrolera en los Llanos, y el caso de infidelidad de un amigo suyo”, declaró Salinas, el pasado 7 de septiembre de 2018, ante la Fiscalía.
Según la Fiscalía, a través de las empresas JHS Consultores, Quarkom, Global Log Security, VIP Security, A&G Seguridad y Humberto Guatibonza Consultoría S.A.S., los capturados crearon una empresa criminal en la que se ofrecían servicios de interceptaciones de comunicaciones telefónicas y de Whatsapp (incluidos chats y llamadas), blindaje de equipos contra hackers, acceso a bases de datos y hasta registros de llamadas entrantes y salientes. Todo bajo la fachada de unas asesorías en seguridad. “Eran socios, conseguían los clientes, recibían los pagos. Si ellos no existían, no se realizaban las interceptaciones”, sostuvo el fiscal del caso Daniel Hernández en el curdo de las audiencias judiciales.
El general (r) Guatibonza es investigado por los delitos de concierto para delinquir, utilización ilícita de redes de comunicación, acceso abusivo al sistema informático, interceptación de datos informáticos, uso de software malicioso y violación de datos personales. Cargos que él no aceptó.
Fuente y fotografía El Espectador.