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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió para estudio una demanda contra la nación, la cual busca indemnización por $3,17 billones por los contagios de Covid 19 registrados al interior de la cárcel de Leticia.

La demanda fue interpuesta José Joaquín Manosalva Neira quien pide indemnización para las familias de los guardias que fallecieron o resultaron afectados tras ser contagiados al interior del centro penitenciario desde el 10 de abril de 2020, cuando se detectó el primer caso positivo de covid 19 al interior del centro de reclusión.

El demandate pide “que se condene a la nación colombiana – Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Ministerio de Justicia y del Derecho, INPEC, Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, a pagar una indemnización colectiva, que contiene la suma ponderada de las indemnizaciones individuales del daño moral, material, afectación o vulneración relevante de bienes y derecho convencional… equivalente a 3’500.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes”

Ahora será el magistrado Moises Rodrigo Mazabel Pinzón quien determinará si la demanda procede a juicio o si los argumentos expuestos por el peticionante no son lo suficiente validos y el proceso declina.

Fuente y Fotografía Elnuvosiglo.com

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Por Oscar Mendez

Periodista Colombiano y Director del Portal Web www.radionoticiascasanare.com

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que, para este lunes 9 de junio, a las 2 de la tarde fue citada la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales. “Una instancia en la que trabajaremos conjuntamente para garantizar la seguridad y protección de las y los candidatos en todo el país, para que ellos quienes puedan realizar sus actividades de campaña en todo el territorio nacional”, dijo el jefe de la cartera política. Dicha comisión está integrada por los ministerios de Defensa, Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, las fuerzas militares y de Policía, la Unidad Nacional de Protección, la Unidad de Información y Análisis Financiero, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la Autoridad Nacional de Televisión, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de República, el Consejo Superior de la Judicatura, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil y, por supuesto, los partidos y movimientos políticos. Según el Decreto 2821, del 3 de diciembre de 2013, expedido por el Ministerio del Interior, dicha comisión asegura y garantiza el normal desarrollo de los procesos electorales, el cumplimiento de las garantías electorales y la salvaguarda de los derechos y deberes de los partidos y movimientos políticos antes de las elecciones
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