El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos capítulo Arauca expresó su preocupación y rechazo ante la creciente ola de violencia, que sacude sin tregua al departamento en el inicio del presente año.
Agrega la comunicación de la entidad que existe inquietud y zozobra por los hechos en relación con la confrontación armada entre el ELN y las FARC; que han dejado a su paso más de 40 asesinatos selectivos y un número de desplazados que supera las 250 familias que huyen a diferentes lugares del país y hacia la hermana República Bolivariana de Venezuela.
El documento indica que se tiene conocimiento de un número indeterminado de desaparecidos, entre ellos un firmante del acuerdo de paz el señor John Jairo Rico Pinzón, y ven con preocupación y lo catalogan como indigna que a mayor militarización de la vida civil del departamento, se presenten dos graves atentados contra la empresa ECAAS de Saravena, el más reciente el pasado 19 de enero en horas de la noche, y en forma simultáneamente explota un carrobomba contra sedes de instituciones, principalmente la de las Organizaciones Sociales del Centro Oriente de Colombia, el ICA, el SENA, empresa de salud Nueva EPS, la Oficina de la empresa de transporte Los Libertadores, la sede de ASEDAR filial Saravena,
la comunicación relata otros hechos que resultan altamente preocupados lo sucedido en la cabecera municipal de Arauquita con el presidente del CPDH Guillermo Antonio Díaz, quien fue retenido de manera ilegal por hombres armados durante varias horas, obligándolo a pasar hacia la parte de Venezuela, luego de despojarlo del vehículo y las armas de los hombres de protección de su esquema de seguridad.
“Condenamos y repudiamos todos estos hechos que generan temor y zozobra entre los pobladores de Arauca. Profundizando la crisis humanitaria, ya de por sí, grave, en el departamento. Exhortando a los organismos de control al esclarecimiento, sobre todo los hechos presentados, demandando las garantías necesarias y suficientes tendientes a proteger la vida, los liderazgos sociales y sus bienes protegidos por las normas del DIH.
Los actores armados en contienda están obligados a escuchar al pueblo araucano, cuando los exhorta a resolver sus diferencias dialogando y a que paren el torbellino de asesinatos y atentados, como lo indicó el obispo de la diócesis de Arauca.
La sociedad civil y el movimiento popular debe permanecer en alerta y asambleas permanentes ante cualquier hecho grave, llamamos a la unidad en defensa de la vida, el diálogo, La Paz y la permanencia digna en el territorio”, concluye el documento.
Fuente Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos capítulo Arauca