En los últimos días, el asombro y la expectativa de los empresarios por la reforma tributaria que cursa en el Congreso se han trasladado hacia una inconformidad por la omisión del Gobierno a las propuestas realizadas por la Asociación de Empresarios de Colombia (ANDI).
Esta inconformidad se ha revelado de diversas maneras, tanto en los debates, donde participaron varios gremios más, como en los diversos comunicados emitidos por la ANDI.
El último fue firmado por la Junta de Dirección General de la ANDI, quienes representan a más de 1.500 afiliados de diferentes sectores económicos y productivos en todo el país, incluyendo emprendedores y empresas medianas y grandes.
En ese sentido, reiteran que piden un espacio de diálogo con el Gobierno y le solicitan enmendar sus errores frente a lo aprobado en días anteriores.
EL NUEVO SIGLO tuvo acceso a los cambios y recomendaciones que la ANDI le planteó al Gobierno y que no presentaron variaciones significativas con respecto al texto inicial y que son:
1.- ¿Es necesaria la tributaria?
Para la agremiación, los primeros interrogantes surgieron al analizar los datos macroeconómicos de este proyecto de ley. Por ello, desde el principio su postura fue: “¿Es necesaria una reforma tributaria de esta magnitud?”.
Otras dudas que surgieron fueron por la premura en la presentación del proyecto. “¿La urgencia de la reforma es tal que no podemos darnos el tiempo para hacer un análisis juicioso? ¿Se cuenta con un análisis detallado de los gastos en los cuales se va a focalizar esta reforma? ¿En materia de gasto se tiene previsto algún recorte?”, dice el informe.
Tras estos primeros cuestionamientos, se le plantearon al Gobierno estos cambios frente al proyecto presentado:
2.- Tarifa combinada
Un indicador que relaciona la tarifa empresarial con las decisiones de inversión de las personas naturales está dado por la tarifa combinada renta-dividendos, que incluye tanto lo que paga directamente la persona natural como lo que paga indirectamente a través de la empresa. “Este indicador arroja una tarifa combinada de 60,4 %, lo que, a no dudarlo, es muy alto”, reza el texto.
Es por eso que la ANDI proponía acabar con esta doble tributación. “En estas circunstancias, la propuesta de reforma tributaria se va a traducir en un desestímulo claro a la inversión y por consiguiente en una limitante a nuestro crecimiento futuro. Por ello, consideramos que el país no soportaría una reforma de esta magnitud. Si se insiste en la necesidad de percibir nuevos recursos, se podría pensar en una reforma que no supere los $8 billones para cumplir con los planes del Gobierno y la sostenibilidad de las finanzas públicas, sin afectar la competitividad del país, la inversión, el consumo y el ahorro de los trabajadores”, explicaban.
3.- Tarifa de renta para personas jurídicas
De acuerdo con el artículo 92 de la Ley 2010 de 2020, la tarifa del impuesto de renta prevista para las personas jurídicas para el año gravable 2022 era del 30 %. Esta tarifa fue modificada por la Ley 2155 de 2021 y ello como consecuencia de la pandemia del coronavirus covid-19.
Para la agremiación, las medidas que se tomen en relación con el impuesto sobre la renta de personas jurídicas “no deben aumentar el recaudo o la presión tributaria total consolidada sobre el aparato productivo (hoy del 4.6 % del PIB)”.
4.- Tarifa especial para dividendos
Siguiendo en el mismo segmento de gravámenes, para la ANDI “las propuestas del proyecto de ley relacionadas con la tarifa especial para dividendos o participaciones tendrían como efecto unas tarifas mixtas (sociedad-socio) muy elevadas, lo cual afectaría gravemente la inversión”.
Por eso pedía que estas nuevas tarifas que aplicarían sobre todas las reservas de utilidades de años anteriores no deberían aplicar para las utilidades del año 2022 y anteriores. Esto con el fin de que se preservara el tratamiento tributario correspondiente al año en que se generó la utilidad.
“No debe olvidarse, por ejemplo, que no hay gravamen sobre los dividendos provenientes de utilidades generadas en el año 2016 y anteriores”, esgrime el texto. Por lo que la conclusión para el Ministerio de Hacienda fue: “La ANDI solicita no modificar la tarifa actual sobre dividendos y participaciones”.
5.- Ganancia ocasional para sociedades
La tarifa propuesta en el proyecto generaría dificultades para la reposición de activos fijos de las empresas para mejorar su productividad. Además, tendría un impacto negativo en los resultados de las empresas en el año 2022 por el cambio de tarifa aplicada al impuesto diferido para muchos activos fijos, como los terrenos.
La ANDI, por tanto, estima que la tarifa actual debe mantenerse. De insistirse en reformar la tarifa, debería dejarse una previsión que permita llevar el mayor valor del impuesto diferido generado por el eventual cambio de tarifa contra las cuentas de patrimonio
6.- Impuesto de industria y comercio
No permitir el descuento en renta del 50 % del impuesto de industria y comercio tiene un impacto significativo para todas las empresas, en especial para las que presentan baja rentabilidad y altos volúmenes de ventas. De allí que la ANDI solicitó mantener el régimen actual. Es de reiterar que toda eliminación de beneficios debe compensarse con una disminución de la tarifa nominal del impuesto de renta.
7.- Base gravable del impuesto al patrimonio
Para la ANDI, el impuesto al patrimonio calculado sobre el valor intrínseco de las acciones perjudica a los socios más antiguos y también haría que las utilidades generadas en el año 2022 terminen siendo nuevamente gravadas, aumentando el gravamen consolidado sociedad-socio. La valoración comercial de otros bienes hace suficientemente amplia la base gravable del impuesto.
“En este sentido, la propuesta es mantener como base gravable el costo histórico en caso de que este impuesto al patrimonio sea adoptado”, pidieron los empresarios.
Para los expertos de la agremiación, “el cambio que propone el proyecto de ley afectaría a los emprendedores, dado que las nuevas empresas precisan de un período largo para su consolidación económica. Al comienzo, su capacidad financiera y flujo de caja son escasos. Cualquier carga adicional pone en riesgo su supervivencia”.
Así que en su propuesta pidieron que el Gobierno “debería tener en cuenta que el impuesto al patrimonio siempre se ha pensado como una medida estrictamente temporal, pues supone un castigo al ahorro (que ya pagó impuestos) y la inversión”.
8.- Aumento de los pagos digitales
Uno de las inserciones que pedía la ANDI era la de los pagos digitales. Pues un objetivo de la reforma es avanzar en la formalización y luchar contra la evasión, por ello argumentan que “los pagos digitales brindan transparencia e información que favorece no solo las labores de fiscalización, sino la inclusión financiera de quienes se encuentran marginados. Son los medios de pago como las tarjetas débito y crédito, los que primeramente generan información sobre el comportamiento de un consumidor individual. No obstante, estas son sujetas a la retención en la fuente, imponiendo un mayor costo a los pagos digitales”, explicaban.
Ante ello, el empresariado le pide al Gobierno que, en materia del impuesto sobre la renta, los pagos realizados mediante el uso de tarjetas débito y crédito, por concepto de adquisición de bienes y/o servicios, susceptibles de constituir un ingreso tributario para los beneficiarios, estén sujetos a retención en la fuente a la tarifa del 1,5 %.
“A esto se suma que se practica también una retención a título de ICA. La implementación de retenciones en la fuente a título de renta e ICA es sin duda un desincentivo para la formalización económica y la bancarización”, añadieron.
9.- Impuesto al sector minero energético
En su exposición, la ANDI dijo que se quiere marchitar el sector minero energético. “Es una versión demasiado maquiavélica de las finanzas públicas. Nunca se le han extraído tantos recursos al sector minero energético. Me parece increíblemente egoísta e increíblemente miope que se olvide que después del año 2026 Colombia debe tratar de seguir funcionando, siendo este sector el que ha mantenido las finanzas públicas del país durante los últimos 15 años. Quitaron el impuesto a las exportaciones de ese sector, pero le adicionaron a cambio una sobretasa. Eso es insistir en acabar con el empleo y lo que produce ese sector”, aseguraron.
10.- Ultraprocesados y bebidas azucaradas
Consideran los empresarios que el gravamen a los ultraprocesados afectaría directamente a 26.938 empresas que producen los alimentos indicados en las 18 categorías establecidas en el proyecto de ley, de las cuales 97.8 % son micro y pequeñas empresas que se encuentran en todos los departamentos del país. La ANDI no considera pertinente este gravamen y debe eliminarse del proyecto”.
Fuente y Fotografía Elnuevosiglo.com