QUEDÓ CLAUSURADA la posibilidad de una conciliación entre la Cancillería y Thomas Greg & Sons por el proceso extrajudicial que interpuso contra la nación por $117.000 millones, luego de que se declarara desierta la licitación para elaborar pasaportes. No hubo acuerdo entre las partes en la audiencia que se llevó a cabo ayer en la Procuraduría. Como consecuencia, la empresa radicó de inmediato una demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Se esperaba en la reunión de ayer en la Procuraduría que la Cancillería hiciera ajustes a su propuesta de conciliación, como se quedó en el encuentro del pasado viernes, cuando funcionarios de este Ministerio se reunieron con representantes de Thomas Greg & Sons, y manifestaron la intención de llegar a un acuerdo para evitar un pleito.
Sin embargo, al concluir ayer la audiencia la procuradora judicial Fernanda García explicó que “lastimosamente el resultado es que no hubo acuerdo conciliatorio. La Procuraduría hizo todos sus esfuerzos para sentar a las partes y manifestar cuáles eran las pretensiones de la parte convocante, no obstante, cuando se expide la certificación por parte de la Cancillería no se llega a un acuerdo”.
García detalló que “la parte convocante (Thomas Greg & Sons) presentó su fórmula conciliatoria que tenían que estudiar los miembros del Comité de la Cancillería y, a través del apoderado con facultad expresa para conciliar, tenía que manifestar la posición de los miembros del Comité”.
Agregó que “la Procuraduría requirió a la Cancillería, a través de su Comité de Conciliación, respecto de unas circunstancias de tiempo, modo y lugar sobre las que se llevaría el acuerdo y sobre ellas no hubo consenso”.
La Unión Temporal Pasaportes 2023, de la cual hace parte Thomas Greg & Sons, indicó en un comunicado que “hoy (ayer), en la continuación de la audiencia el apoderado del Ministerio manifestó que desconocía la fórmula de arreglo propuesta y ratificaba que el Comité no tenía la intención de modificar los términos en que expidió la certificación, con lo que, por ahora, se corroboró esa ausencia de ánimo y se frustró cualquier posibilidad de acuerdo”.
Añadió que “por ello, en ejercicio de sus derechos, la Unión Temporal procedió a formular la demanda para que sean los jueces de la República los que en derecho diriman la controversia”.
No obstante, la Unión Temporal Pasaportes 2023 indicó en el comunicado que “ha mantenido y mantendrá el ánimo conciliatorio durante el curso de la disputa y reitera su confianza en las instituciones”.
Responde la Cancillería
El nuevo abogado que representa al Ministerio de Relaciones Exteriores en este caso, Ernesto Matallana, dijo luego de frustrarse la conciliación que “toca defender al Estado y toca defender la decisión”.
Sostuvo que jurídicamente “hay un acto administrativo que es la declaratoria desierta, en derecho administrativo eso tiene lo que se llama el principio de legalidad, y ese principio de legalidad hay que sustentarlo y hay que decir si ese acto es motivado. Ahí hay unas motivaciones en la declaratoria desierta”. Agregó Matallana que “eso no fue un acto arbitrario, antes de tomar la decisión de declarar desierta la licitación hay unas pautas y unos lineamientos. O sea, no es un acto inmotivado ni es un acto discrecional, arbitrario”.
¿Mal negocio?
Las posibilidades de que el Estado pierda el pleito que entabló Thomas Greg & Sons son altas, a juzgar por la alerta de la entonces directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, quien manifestó la necesidad de conciliar, pero precisamente esta postura derivó en un enfrentamiento con el canciller Álvaro Leyva, que le costó su salida del cargo.
También el Comité de Conciliación de la Cancillería se reunió el pasado 14 de diciembre para tomar una decisión sobre la acción que impetró esta empresa. De los cinco integrantes, tres votaron a favor de conciliar; uno manifestó su oposición y uno más se declaró impedido.
Igualmente, el entonces abogado del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores en este caso, Germán Calderón España, concluyó que lo mejor era conciliar con Thomas Greg & Sons. Esto también fue mal recibido por el canciller Leyva, por lo que el profesional del derecho presentó su renuncia como apoderado, el pasado lunes.
A pesar de estas advertencias el ministro Leyva se mantiene en su postura de no conciliar, pues advierte que tiene todos los argumentos jurídicos que la Cancillería no tiene por qué hacerlo.
El pasado sábado, el canciller dijo a la revista Semana que “no voy a conciliar, esa es la decisión y asumo la responsabilidad”.
Sobre la decisión del Comité de la Cancillería de conciliar en este caso, el ministro Leyva mencionó que “ellos pasan unas consideraciones y recomiendan, pero esas recomendaciones no son vinculantes. Yo soy la persona que decide”.
Indicó que no comparte el concepto jurídico del Comité. “No lo acepto porque soy la persona que hizo las cuatro resoluciones. Yo no concilio. Tengo elementos de juicio y jurídicos para no conciliar. Que ellos no coincidan conmigo es otra cosa. No concilio. Es mi posición absolutamente irrenunciable”.
Calderón dijo ayer a W Radio sobre la postura del ministro Leyva en este caso, que “el canciller no tiene argumento jurídico para no conciliar, él está haciendo caso directo al presidente Petro, pero no tiene asesores que le diga que está mal, sino que vayan siempre con lo que ellos digan. Todos los argumentos están y la declaratoria de desierta no tenía razón de ser”.
En este sentido, Calderón señaló que “el presidente ha enviado una directriz y el canciller la ha querido acoger y los funcionarios van en contravía. El presidente ha dicho que hay corrupción, yo, ya los habría apartado de los cargos”.
La fallida licitación
El pasado 13 de septiembre, la Cancillería decidió declarar desierta esta licitación y abrir un nuevo proceso por las críticas sobre la forma como se adelantó, pues solo permaneció Thomas Greg debido a que las otras empresas que se presentaron, se retiraron manifestando falta de garantías para una selección objetiva.
Así mismo, la Procuraduría General y la Contraloría General de la República hicieron reparos a esa licitación.
Entonces, la Cancillería declaró la urgencia manifiesta con el fin de poder hacer un contrato de manera directa por un año y, así, evitar una parálisis en el servicio de pasaportes, el cual fue otorgado a Thomas Greg & Sons.
A pesar de ello, esta empresa inició un proceso contra la nación de conciliación extrajudicial por $ 117.000 millones, aduciendo perjuicios por la licitación declarada desierta y vulneración a sus intereses y derechos al haber obtenido la máxima calificación para que se le adjudicara el contrato.
Es relevante destacar que el lunes 18 de diciembre, la Cancillería de Colombia oficialmente aceptó la renuncia del abogado Germán Calderón España, quien representaba al fondo rotatorio del ministerio durante las negociaciones de conciliación en el conocido caso de las licitaciones de pasaportes con la empresa Thomas Greg & Sons.
La carta firmada por Paola Ramírez, jefa de la Oficina Asesora Jurídica Interna del Ministerio de Relaciones Exteriores, indica: “De acuerdo con la renuncia del poder presentada el 13 de diciembre de 2023 a las 10:19 P.M., por el doctor Germán Calderón España, se informa que dicha renuncia se considera aceptada a partir de esa fecha”.
Este proceso de licitación también fue un factor determinante en la renuncia de Martha Lucia Zamora, exdirectora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, quien optó por renunciar para evitar enfrentar una demanda millonaria. En los últimos días, se reveló una seria alerta de la Contraloría debido a irregularidades adicionales en la Cancillería.
La resolución de la Contraloría establece: “Declarar que el Ministerio de Relaciones Exteriores no cumplió con la obligación legal de remitir de inmediato el expediente de Urgencia Manifiesta al organismo encargado del control fiscal, para llevar a cabo el control automático de legalidad exigido por la normativa”.
Fuente y Fotografía Elnuevosiglo.com