El consumo de cigarrillos de contrabando en Colombia alcanzó en 2025 el 38% del total nacional, la cifra más alta registrada desde 2011, según el Estudio de Incidencia de Cigarrillos Ilegales en Colombia realizado por Invamer para la Federación Nacional de Departamentos (FND). El fenómeno no solo agrava los riesgos para la salud pública, sino que genera un fuerte impacto en las finanzas de los entes territoriales.
De acuerdo con el informe, este nivel de consumo ilegal representó una pérdida estimada de $1,18 billones de pesos en el recaudo del impuesto al consumo, recursos que dejaron de invertirse principalmente en salud y educación. En los últimos cinco años, el país ha dejado de percibir más de $4,8 billones por esta causa.
Los departamentos con mayor incidencia de cigarrillos ilegales son La Guajira (94%), Cesar (79%), Magdalena (76%), Sucre (72%) y Bolívar (71%), seguidos por Norte de Santander, Antioquia, Chocó y Tolima. En contraste, en Amazonas, Casanare y Guainía no se reportó consumo ilegal durante 2025.
En términos de salud, las autoridades advierten que el contrabando agrava el problema del tabaquismo, ya que estos productos no cumplen controles sanitarios, pueden contener mayores niveles de sustancias tóxicas y su bajo precio facilita el acceso, especialmente entre jóvenes y poblaciones vulnerables.
El estudio también revela que el 87% de los fumadores compra cigarrillos ilegales por ser más baratos, con una diferencia promedio de $7.580 por cajetilla frente a las marcas legales. Esta brecha de precios sigue alimentando el mercado ilegal.
Además del impacto fiscal, la FND alertó que el contrabando de cigarrillos está vinculado a economías criminales, asociadas a delitos como narcotráfico, lavado de activos y financiación de grupos armados, lo que convierte este fenómeno en una amenaza no solo económica, sino también para la seguridad y la sostenibilidad territorial del país.
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