Las denuncias de la comunidad apuntan hacia un entramado de urbanizadores y razones sociales que cambian constantemente para eludir sus obligaciones legales y contractuales. Entre los nombres señalados por los afectados figuran promotores y firmas como Jairo Ortiz, la ingeniera Juliana, Milena Barrera y empresas asociadas a la marca ADI —tales como ADI Inmobiliario, Ahorro Inmobiliario, DIR y Abogados SAS y Ahorro Digital, vinculadas a gestores como José Luis y Nilson Fredy Díaz Contreras.
“Cambian de razón social, pero ninguno de los urbanizadores o de los vendedores de lotes les ofrece la garantía de los servicios públicos, todo sigue igual”, explicó un residente al detallar cómo las empresas se traspasan los predios no vendidos para comercializarlos bajo nuevas marcas.
El caso de Juan Pérez ilustra la mecánica del engaño: tras cancelar la totalidad de $28.000.000 de pesos por un lote de 8 por 15 metros bajo la promesa verbal e impresa de recibir servicios en el frente de su predio, descubrió al recibir el contrato que los términos habían sido alterados.
“En ese momento nosotros no nos quedó claro esa parte. Ahí fue uno de los engaños… Me prometieron escrituras al mes, tan pronto pagara… Pagué en noviembre y es la hora que no me ha llegado la escritura. Me siento tumbado”, expresó con indignación.
La vulneración de derechos alcanza además la seguridad física. Luz Barrera, líder social que adquirió su predio en 2012, relató que al intentar tomar posesión de su terreno en 2021 fue amenazada con arma de fuego y debió ingresar con acompañamiento institucional: “Nos hicieron supuesta entrega del lote, pero eso fue a las malas y con machete en mano… Y la señora me está obligando que tengo que darle como 2 millones de pesos de escritura, el cual no se los pienso dar porque no tengo los servicios públicos”.
A pesar de las evasivas de los constructores, la documentación en manos de los pobladores demuestra la legalidad de sus reclamos. De acuerdo con el parágrafo tercero del contrato de compraventa suscrito con la firma Inmobiliaria Bienes y Raíces y Abogados SAS (representada legalmente por Nilson Fredy Díaz Contreras), la urbanizadora asumió el compromiso explícito de ejecutar las obras en tres etapas:
- Preparación del terreno y demarcación de vías.
- Posteo de lotes y delimitación de zonas equipadas.
- Instalación de las acometidas de servicios públicos en cada uno de los lotes, garantizando agua, electricidad y gas natural.
Frente al flagrante incumplimiento de estas cláusulas, los pobladores critican la falta de respuestas contundentes por parte de los entes de control y de la administración del alcalde Marco Tulio Ruíz. Según señalan, ni la Alcaldía, ni la Gobernación, tampoco la Fiscalía, ni la Personería o Defensoría del Pueblo han adoptado medidas cautelares para frenar las ventas ilegales o sancionar a los responsables.
“Fui a la Fiscalía… y la razón que me dio la señora que me atendió dijo: ‘¿Para qué compran esos lotes ilegales?’… ¿Por qué ustedes permiten, si son Fiscalía, por qué no hacen algo? No permitan que esos urbanizadores sigan vendiendo”, cuestionó Luz Barrera.
Ante esta situación, las familias de La Pedrera han iniciado la conformación de su Junta de Acción Comunal para adelantar acciones legales unificadas y advierten que, de no obtener respuestas inmediatas sobre la entrega formal de escrituras y la instalación de los servicios básicos, acudirán a la movilización social y la desobediencia civil.
“Le hago un llamado al alcalde, aunque usted dice que no es responsabilidad suya, sí es responsabilidad suya porque es la máxima autoridad… Esto es comunidad, esto es necesidad. Necesitamos que nos den dignamente los servicios públicos que nos merecemos”, concluyó Jesús Daniel Rodríguez.
Redacción Radio Noticias Casanare