La alarmante escalada de violencia de género e intrafamiliar en Casanare volvió a encender las alarmas en el escenario nacional. Tras la primera sesión de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer en el Congreso de la República, la Representante a la Cámara por Casanare, Arledy Alvarado, lanzó un duro diagnóstico sobre las fallas institucionales que hoy ponen en riesgo la vida de miles de casanareñas.
Las cifras sustentan la urgencia del llamado: Casanare registra la tasa más alta de violencia intrafamiliar y de género en Colombia, alcanzando un indicador crítico de 237,71 casos por cada 100.000 habitantes. Un panorama devastador que sitúa al departamento en el epicentro de una crisis social y de justicia que no da tregua.
Historias que conmocionan: de la estadística a la tragedia
Más allá de los fríos reportes oficiales, la congresista recordó tragedias recientes que han dejado una marca imborrable en las comunidades locales. Entre los casos traídos a colación figura la salvaje agresión física contra una mujer de 47 años en el corregimiento de La Chaparrera (Yopal), quien se debate entre la vida y la muerte en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
A este hecho se suman el feminicidio de Mildre Carolina Rojas en el municipio de Maní y el desgarrador caso de Ana Mireya Contreras en la vereda Morichal de Yopal, sobreviviente a un intento de feminicidio perpetrado en presencia de sus propios hijos.
“Son vidas y familias que no pueden convertirse simplemente en estadísticas, o denuncias que se queden en la nada. Una ruta de atención que no actúa a tiempo no puede quedarse en el papel”, aseveró con vehemencia la Representante Alvarado.
Audiencia Pública Especial: evaluación y rendición de cuentas
Ante la evidente inoperancia o lentitud de los protocolos preventivos, Alvarado anunció que liderará la realización de una Audiencia Pública Especial en Casanare.
El espacio convocará en el territorio a la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, Medicina Legal, las Comisarías de Familia y los organismos de control. El objetivo central será revisar expediente por expediente para determinar cuántas denuncias previas existían, cuántas medidas de protección se incumplieron y en qué punto falló la cadena de custodia institucional antes de que se desencadenaran las tragedias.
El debate queda servido sobre la mesa: ¿hasta cuándo los trámites administrativos e interinstitucionales seguirán llegando tarde para salvaguardar a las víctimas en el departamento? es la incógnita que queda sobre la mesa para ser más proactivos que gestores de documentos sin aplicar.
Redacción Radio Noticias Casanare