Mucho se ha especulado sobre los territorios donde se concentrarían los guerrilleros de las Farc, una vez se concrete la manera como se llevará a cabo su desarme y desmovilización tras la firma de un acuerdo de paz en La Habana. El tema hace parte del punto sobre el fin del conflicto, que se discute en la actualidad en Cuba.
Según explicó el presidente Juan Manuel Santos, será la mesa de negociaciones la que defina el número de zonas y su ubicación, aunque está claro también que las Naciones Unidas, como organismo encargado de la verificación y el monitoreo, tendrá voz en esa decisión.
La razón es que la misma ONU ha hablado de ocho sitios donde cree que debería estar para poder controlar todo el territorio nacional. “Se trata de puntos estratégicos donde las Naciones Unidas han señalado como sitios donde ubicarían sus oficinas, con el objetivo de hacer adecuadamente la verificación”, explicó el jefe de Estado. Lo lógico es pensar que estos puntos estarán cerca de las zonas de concentración de los subversivos.
Lo cierto es que ya hay luces sobre esos sitios. Por lo menos, el gobernador del Casanare, Alirio Barrera, reconoció que su departamento sería uno de los escogidos para una de esas zonas. Algo que se podría anunciar este viernes, en la visita que tiene programada el presidente Santos a la región.
“A pesar de que soy del Centro Democrático, estoy dispuesto a cumplir con la ley y el ordenamiento del presidente. Sin embargo, creemos que los habitantes del departamento deben estar seguros que recibirán inversión del Estado, pues esta se ha visto muy afectada por el tema de la disminución en la participación de las regalías”, señaló el mandatario.
De hecho, Barrera habló con nombre propio e indicó que son entre seis y siete los municipios del norte del departamento que están en la lista para convertirse en zonas de concentración de las Farc. Entre ellos estarían Paz de Ariporo, Sácama, La Salina, Tamara y Pore.
En este sentido, dijo que no dudará en expresarle al jefe de Estado sus inquietudes: “Vamos a tratar de aclarar algunos temas y decir que nosotros no somos enemigos de nadie, no somos enemigos del proceso, solo le pediremos más seguridad para nuestro departamento, así como desarrollo social”.
Desde el Congreso comienzan a surgir voces en contra de esa posible decisión. Según el representante a la Cámara por Casanare Jorge Camilo Abril, del Partido Liberal, las zonas de concentración no se pueden establecer sin una previa y cuidadosa concertación con las comunidades y autoridades locales, “teniendo en cuenta ante todo las implicaciones que tendría a corto, mediano y largo plazo, incluida una posible alteración de la seguridad y la convivencia ciudadana”.
El legislador pidió una reunión urgente con el ministro para el posconflicto, Rafael Pardo, para pedir que se reconsidere esta probable ubicación de las primeras zonas de concentración. “Lo más conveniente, de todos modos, sería que se ubicaran en otras partes del país, porque están en mejores condiciones para salvaguardar esa convivencia y seguridad ciudadana, teniendo en cuenta además que estos municipios del departamento no cuentan con la infraestructura necesaria para asumir esta responsabilidad”, agregó Abril.
En lo que tiene que ver con el Chocó, fue su gobernador, Jhoanys Carlos Palacios, quien en la reciente asamblea de mandatarios en Bogotá afirmó estar dispuesto a discutir con las comunidades del departamento la posibilidad de albergar dichas zonas, una vez se firme la paz.
“Nosotros estamos dispuestos a apoyar el proceso de paz. Vamos a trabajar por la paz del Chocó y por la paz del Pacífico. Frente a que Chocó se convierta en una zona de concentración, tendremos que analizar el tema para ver cómo será la realidad del departamento. Hoy tenemos claro que más del 80% de los chocoanos han sido víctimas del conflicto armado y debemos resarcirlos”, aseguró.
En el ambiente quedó la sensación de que Palacios ya tiene información que el Chocó es uno de los departamentos escogidos para tener zonas de concentración guerrillera.
Hasta ahora, el presidente Santos ha dicho que la seguridad en estos territorios estará a cargo de la Fuerza Pública y que cualquier violación al cese bilateral al fuego, a la dejación de armas o cualquier tipo de delito común que se cometa por los guerrilleros dentro de las zonas de concentración se llevará a la justicia ordinaria.
“Si cualquier persona durante esa misión de verificación, dentro de esas zonas, comete un delito, un atraco, un asesinato o una violación, eso va a la justicia ordinaria, no va a la justicia transicional, porque no es producto del conflicto, es una infracción ordinaria o un delito ordinario y va a la justicia ordinaria”, precisó.
Lo que queda demostrado es que el tema de la ubicación de las zonas de concentración de las Farc será de ardua discusión, sobre todo en los territorios, y que en muchas partes habrá oposición. El presidente Álvaro Uribe ha planteado que estas queden en sitios lejanos a las fronteras, que tengan una extensión prudente, que no coincidan con áreas estratégicas para la economía nacional y que tampoco tengan presencia de población civil.
Fuente y Fotografía ElEspectador.com