Para lograr la reelección del Dr. Gustavo Álvarez como rector de la UPTC, hubo serias diferencias en la toma de la decisión definitiva, a partir de análisis enfrentados entre apoyar o rechazar la designación, y que finalmente concluyó con un fallo judicial que provoca la inmediata salida del rector con una fórmula equivalente de Destitución del Cargo.
Durante el último año y de manera ininterrumpida, este ha sido un tema recurrente, del que se habla en voz baja del lado contrario al rector o se anuncian informes de gestión en su favor, mediante un uso calculado de la información y las comunicaciones. Distintos sectores académicos y sociales, y así mismo los miembros del Consejo Superior que se abstuvieron de votar la designación del Rector con reelección, señalaron que había riesgo para la estabilidad de la dinámica universitaria, como efectivamente ha ocurrido, bien por la evidente intervención de agentes externos o también por la oscura creación, a espaldas o con su conocimiento, de una verdadera “fábrica de falsas denuncias” que apunta en múltiples direcciones, con el propósito de intimidar y excluir a posibles adversarios en la academia o críticos de la manera como se gestiona o piensa la universidad.
El Consejo Superior se dividió a la hora de tomar la decisión de designar rector mediante acuerdo 042 de 2014 y cuatro de nueve consejeros no respaldaron la reelección, entre ellos la Presidenta del Consejo señora Ministra de Educación, el delegado del Presidente de la República, el delegado de exrectores y el representante profesoral. Las prácticas denunciadas que fueron objeto de las investigaciones judiciales incluyeron precedentes de apoyos incondicionales entre los cinco votantes en virtud de concesiones en favor del interés privado.
Es lamentable desde cualquier lugar de análisis que sea un fallo judicial el que ordena reconducir la vida universitaria al concederle la razón de su decisión equivocada, sobre todo porque la universidad es el principal centro del conocimiento y del diálogo en el que los argumentos deben juzgarse a la luz de la ética y del imperativo categórico de ser ella su propia juez. El fallo pone la última palabra como símbolo de su debilidad como concepto, práctica y forma organizativa. Sin embargo, promueve su reconstrucción porque gana la verdad y ojalá sea para imponer el Nunca Más a estas historias del poder y de las ansias de obtener privilegios a costa del bien común.
La vida universitaria, de por sí es frágil, el neoliberalismo ha debilitado la institución, la gobernabilidad, la franqueza y la confianza, pero es tiempo para poner a prueba sus capacidades y salir a recuperar su autonomía y sus capacidades de representación real en los ámbitos de la ciencia, del debate académico y la creación de un país sin desigualdades, y para recuperar el tiempo perdido entre confrontaciones y asumir las discusiones propias de su naturaleza ahora que se acerca al cierre de un conflicto armado y que las agendas hacen tránsito hacia la construcción de paz.
La universidad para algunos sectores se redujo en este tiempo a la forma de un feudo, un botín al servicio de intereses individuales, mientras que para otros, especialmente sus directivas la reelección favoreció sobre todo el crecimiento físico con el aumento de edificaciones, presupuestos y creación de programas. En todo caso, viene ahora la etapa de recomposición tanto del aparato del poder universitario, que una vez reciba la designación temporal de un nuevo rector, este pueda contar (por fundamentos éticos y de autonomía) con la renuncia solidaria de todo el equipo directivo que con el fallo automáticamente resulta comprometido por ser tributario de las competencias del rector que cesa sus funciones, y conformar un equipo de transición plural, diverso, responsable para preparar el cronograma de designación de rector en propiedad, y entre tanto aplazar la presentación programada del informe de gestión para mirar de fondo a la universidad y eliminar de inmediato la base del daño causado que no es otro que el artículo de reelección creado para la ocasión.
Es necesario devolver a la universidad por su cauce y autonomía para pensar y actuar por cuenta propia, tomar distancia de la arbitrariedad, el temor y el silencio y avanzar ojalá por la senda de una propuesta universitaria en la que participen los cientos de profesores, profesoras, estudiantes, trabajadores, trabajadoras y funcionarios, que entregan y han entregado lo mejor de su vida, conocimientos, experiencias y afectos para tener la universidad decente, respetuosa, científica y popular, que todos merecemos.
P.D. El fallo de la SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA. Con Consejera Ponente: Rocío Araujo Oñate. Dada en Bogotá D.C, el tres (3) de marzo de dos mil dieciséis (2016), declara la nulidad del Acuerdo Nº 042 de 2014 (noviembre 26) ‘Por medio del cual se designa rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, período 2015-2018’ al Dr. Gustavo Orlando Álvarez, con cinco votos y advierte que: contra lo resuelto no procede ningún recurso.
Por | Manuel Humberto Restrepo Domínguez – www.periodicoeldiario.com