Carlos Eduardo Osorio Buriticá, gobernador del Quindío, fue citado a audiencia pública junto con otros tres funcionarios de su administración.
El llamado a juicio lo hizo la Procuraduría General de la Nación por presuntas irregularidades en la implementación del Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad (SIES), por un valor superior a 2,360 millones de pesos.
Los otros funcionarios llamados a audiencia son el secretario del Interior, Héctor Alberto Marín Ríos; la directora de Desarrollo Comunitario, Seguridad, Convivencia y Participación Ciudadana del departamento, Juliana Hernández Henao, y el gerente y representante legal de la Empresa para la Seguridad Urbana (ESU), David Viera Mejía.
Según el ente de control, en la adjudicación del contrato presuntamente se evadió el proceso de licitación pública.
Al parecer, la implementación del SIES fue otorgado en la modalidad de contratación directa, a una empresa que aparentemente no contaba con la capacidad técnica ni operativa para ejecutarlo.
La compañía a la que fue otorgado el contrato es la Empresa para la Seguridad Urbana, ESU.
El ente de control explicó que ante la aparente imposibilidad de realizar las labores contratadas, ESU subcontrató a un tercero. Con esto la compañía terminó cumpliendo un papel de intermediario.
Por lo anterior, los costos de la ejecución del contrato se incrementaron en un diez por ciento.
El Ministerio Público, ante los hechos que son materia de investigación, calificó la presunta conducta del gobernador Osorio Buriticá como una falta gravísima a título de culpa grave.
Los otros tres funcionarios relacionados con el caso, cometieron una falta gravísima con culpa gravísima, según el ente de control.
La audiencia pública quedó programada para el próximo 3 de septiembre a las 9:00 a.m.
Fuente y fotografía Agencia Red Medios Digital