El Juez Segundo del Circuito de Yopal de Control de Garantías Juan Alberto Pulido Prieto aplicó medida de aseguramiento contra de los Ingenieros Omar Alexander Salcedo Gorraiz y Carlos Alfonso Andrade Ortiz, por incurrir presuntamente en el delito de peculado por apropiación agravado y quienes se encuentran privados de la libertad desde el 19 de abril de 2016.
El funcionario resolvió el recurso de apelación y reposición en segunda instancia instaurada por la defensa en el caso por la fallida construcción de la Planta Modular que colapsó en el mes de diciembre de 2013 siendo modificada la decisión al pasarla de detención intramural en establecimiento carcelario a la domiciliaria para uno de ellos.
Precisó que la detención en establecimiento carcelario contra Salcedo Gorraiz es acertada porque se impone contra una persona que ha causado daño a una comunidad que clama justicia y evitar a futuro siga causando afectación a la sociedad mientras que contra Andrade Ortiz, se determinó medida de aseguramiento con detención domiciliaria.
El Juez Segundo del Circuito de Yopal consideró que se presentaron vicisitudes en el convenio interadministrativo 590 de 2013 celebrado entre la Alcaldía de Yopal y la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, para la construcción de la primera etapa de la Planta Modular del acueducto de la capital, así como el contrato de obra 058 de 2013 celebrado entre la EAAAY con la Unión Temporal Planta Modular Yopal conformada por las firmas Hidroservicios y Biocienses.
En las consideraciones dadas a conocer por el juez al resolver la apelación en segunda instancia determinó que también se presentaron inconvenientes con el contrato de interventoría 013, que se constituyó entre la Empresa de Acueducto, Alcantarillado de Yopal y el Ingeniero Carlos Alfonso Andrade Ortiz, para la vigilancia técnica del contrato y la generación de las observaciones efectuadas a los diseños del proyecto por parte del Fondo de Adaptación donde se incluyó la advertencia que si no se adecuaban los diseños la planta podría colapsar lo que a la postre ocurrió.
“Con el colapso de la Planta Modular, se presentó un detrimento patrimonial para el Estado por $8 mil 046 millones, que corresponden a cifras canceladas definidas dentro de la misma obra, canceladas a la Unión Temporal. Al tiempo se tuvo en cuenta una entrevista entregada a un medio de comunicación radial local, del señor Rodolfo Lizarazo de la Empresa M&F, que fue subcontratada para la construcción de 12 tanques e inducida para bajar costos que afectaron la calidad de la obra”, indicó el Juez Segundo del Circuito de Yopal.
La Fiscalía Especializada contra la Corrupción había solicitado medida de aseguramiento en establecimiento carcelario al considerar que representaban peligro para la sociedad y riesgo de evasión ante una eventualidad pena que se les pueda imputar pero solo se concretó con uno de ellos.
Fuente y Fotografía Radio Noticias Casanare
