A pesar de su desastroso desempeño, Nicolás Maduro asegura que el pueblo venezolano lo quiere ver otro período más en la Presidencia. Dice a los cuatro vientos que arrasará en las urnas sin problema, a pesar de tener un rechazo del 70 %, de la escasez de alimentos, de la violencia en las ciudades, de la hiperinflación y del aislamiento internacional.
Y ganará. De eso nadie tiene la menor duda. Maduro y su séquito se han caracterizado por anular a la oposición y convocar procesos electorales ilegítimos, en donde ellos lo controlan todo.
“La derecha observa en el horizonte el panorama de la derrota”, aseguró el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez. No anuncia nada nuevo el funcionario, que dijo lo mismo en las elecciones de gobernadores, realizadas en octubre de 2017 con condiciones desfavorables para los contradictores del Gobierno.
Repiten el libreto. Primero es la Asamblea Nacional Constituyente la que hace la convocatoria. Una cosa ilegal, según explica un análisis de la Oficina de Washington en América Latina (WOLA), una ONG de defensa de los derechos humanos.
“Estamos especialmente alarmados por que el anuncio haya sido hecho por el ANC, un organismo que fue convocado fuera del orden constitucional de Venezuela, porque al pueblo venezolano se le negó el referéndum requerido por la Constitución sobre si crear o no dicha asamblea”.
Agrega WOLA que “el artículo de la ANC viola directamente el artículo 298 de la Constitución, que establece claramente que ‘la ley que regule los procesos electorales no podrá modificarse en forma alguna en el lapso comprendido entre el día de la elección y los seis meses inmediatamente anteriores a la misma’”.
No sólo eso. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), un órgano al servicio del chavismo y cuyo presidente fue investigado por pertenecer a un banda delincuencial, ordenó el jueves excluir a la Mesa de Unidad Democrática, que reúne a los partidos de oposición, del proceso de revalidarse ante el Consejo Nacional electoral, “para evitar la doble militancia de los ciudadanos”. La decisión imposibilita a la oposición ir unida a los sufragios.
“El chavismo ha logrado implementar una estrategia que le permite asegurar la victoria electoral, disminuir la capacidad de competencia de la oposición y someter a los ciudadanos”, explicaba en este diario Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
Dicha estrategia tiene tres momentos diferentes: antes del certamen electoral se vale del dominio que ejerce sobre el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la ANC y los órganos de control para bloquear, retrasar o adelantar elecciones, inhabilitar candidatos o proscribir partidos, o simplemente cambiar los puestos de votación.
Después de la derrota en las elecciones a la Asamblea Nacional de 2015, ahora se hacen elecciones sin competencia. Y si la oposición llega a ganar de alguna manera, pues se convoca cualquier instrumento o ley para inhabilitarla.
¿Fraude en las urnas? No, el chavismo aprendió a hacerlo antes. La oposición ha denunciado todas las maniobras para anular a sus candidatos, pero no pasa nada. Tal como dijo Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) luego de que el chavismo ganara 17 gobernaciones de las 23 que tiene el país: “Ya no es tiempo de resoluciones o declaraciones (…) se repiten variables de ilegalidad, incertidumbre y fraude que hemos venido denunciando”.
¿Qué pasará esta vez? El rechazo internacional crece y cada vez más voces se pronuncian en contra del proceso. Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, insistió en que su país no reconocerá el resultado de las elecciones presidenciales en Venezuela si no se celebran con las debidas garantías, y pidió a la comunidad internacional que tampoco lo acepte.
“La decisión reciente de convocar unas elecciones sin dar las garantías necesarias para que sean consideradas transparentes, y así la oposición pueda participar con unas reglas de juego aceptables, es una decisión que tiene que ser rechazada por la comunidad internacional, como es rechazada por Colombia”, afirmó.
El Grupo de Lima (Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Brasil y Costa Rica) reclama un proceso transparente. Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos ante la ONU, también declaró que su país “no se quedará de brazos cruzados mientras el pueblo venezolano continúa siendo victimizado por el régimen de Maduro”. La diplomática aseguró en un comunicado que “Maduro está demostrando al mundo que nunca tuvo la intención de escuchar a Venezuela”.
“El imperialismo norteamericano, el gobierno de EE. UU., la oligarquía bogotana y el gobierno corrupto de España le han dado la orden a la oposición que se retiren del proceso electoral porque van a perder, para no reconocer su derrota”, aseguró Maduro este viernes. Debería revisar cómo ha ganado en las urnas.
Fuente y Fotografía ElEspectador.com