La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos urgió al gobierno entrante, “a dar prioridad a la lucha contra la violencia” y estableció una serie de recomendaciones para que las autoridades las apliquen en procura de proteger la vida y los derechos de los afectados.
En el informe hace un llamado al gobierno electo de Gustavo Petro a priorizar la lucha en contra de la violencia territorial, al tiempo que habla sobre las acciones de la administración de Iván Duque.
Según la ONU, los crecientes niveles de violencia de los grupos armados ilegales y las organizaciones criminales en las zonas rurales de Colombia están teniendo un impacto devastador, especialmente sobre las mujeres y los niños, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, los líderes comunitarios y los defensores de los DD.HH.
En los últimos dos años, los grupos al margen de la ley y las estructuras criminales, a menudo involucrados en actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal, han ampliado su presencia en varias regiones de Colombia, dice el documento de Naciones Unidas.
“La respuesta del Estado, principalmente militar, no ha conseguido frenar la expansión de los grupos, y la escasa presencia de instituciones civiles ha agravado la situación”, manifestó la ONU, agregando que “la falta de educación y de oportunidades laborales también ha aumentado la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes a ser reclutados”.
En 2021, la Oficina de DD.HH. de la ONU en Colombia verificó el homicidio de 100 personas defensoras de los derechos humanos. Entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año, recibió información sobre 114 homicidios de defensores y defensoras, de los cuales 22 casos han sido verificados hasta ahora.
En algunos casos, los indígenas y afrodescendientes han sido obligados a participar en actividades ilícitas y a abandonar sus formas de vida tradicionales, como la pesca y la caza, destruyendo el tejido social de las comunidades y poniendo en peligro la identidad cultural y la autonomía.
El informe señala que el desmantelamiento del amplio espectro de grupos armados y organizaciones criminales que operan en el país debe ser una prioridad para el próximo gobierno, junto con la consolidación del Estado de derecho y el fortalecimiento de las instituciones públicas en las zonas más afectadas por la violencia.
“Los actos de violencia cometidos por los grupos armados no estatales y las organizaciones criminales deben ser investigados eficazmente y sus autores castigados, independientemente de su afiliación”, sentenció Naciones Unidas.
Fuente y Fotografía Elnuevosiglo.com