Por primera vez en mucho tiempo se percibe una postura armónica dentro de la variopinta oposición venezolana, cuyos voceros principales –el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup; el jefe de la fracción parlamentaria opositora, Julio Borges, y el gobernador de Miranda, Henrique Capriles– han afirmado esta semana que “llegó la hora” de buscar el fin del gobierno del presidente Nicolás Maduro de manera pacífica y constitucional.
“Celebro que finalmente todos hubiésemos aceptado que gravedad crisis obliga a implementar ya solución constitucional, democrática y electoral” (sic), trinó el pasado lunes Ramos Allup, en lo que fue interpretado como que la oposición llegó a un consenso y se alista para esa pulseada.
Todavía no está clara la estrategia para tal fin, pero ya el partido La Causa Radical abrió una de las posibilidades al entregar el lunes a la Asamblea Nacional un proyecto de enmienda constitucional para recortar el mandato presidencial de seis a cuatro años con posibilidad de una sola reelección. Este, de ser aprobado en el corto plazo, impondría la necesidad de que se lleve a cabo una nueva elección presidencial en el 2017.
Los opositores plantean la necesidad de finalizar el mandato del presidente Maduro por su negativa de corregir el rumbo económico del país a través de una gran concertación y diálogo nacional. “O aquí hay soluciones, o los venezolanos tenemos que plantearnos cuál será el camino para el cambio. El tiempo constitucional para un referendo revocatorio o la enmienda constitucional ha llegado”, dijo hace unos días Henrique Capriles, usualmente reacio a tocar este tema.
Pero la nueva mayoría opositora en el Parlamento venezolano, además del creciente descontento que se siente en las calles ante la escasez y la precariedad de los servicios, parece barajar el tablero y los ánimos en torno a la necesidad de buscar una salida política a la aguda crisis social del país.
Por su parte, la opositora venezolana Mitzy Capriles justificó este miércoles que la Asamblea Nacional recurra a la revocación del presidente Maduro, por su negativa a mantener un diálogo institucional y por una gestión del país que le ha llevado a “los prolegómenos de una crisis humanitaria”.
Amnistía, en plenaria
La capacidad que tenga la Asamblea Nacional –y la oposición– de lograr cambios concretos en el escenario político venezolano se pondrá este jueves a prueba con el ingreso formal ante la plenaria del proyecto de Ley de Amnistía, con la que se espera la liberación de al menos 76 presos políticos y allanar el camino para el regreso de exiliados y perseguidos políticos.
El principal proyecto de ley fue propuesto por la organización Foro Penal Venezolano y revisado por importantes juristas venezolanos.
El documento establece la necesidad de una amnistía “considerando que en los últimos tiempos se ha enseñoreado en nuestro país el uso del Sistema de Justicia, y de los órganos y entes del Poder Público en general, y de civiles que actúan bajo el amparo o con la anuencia, expresa o tácita, de las autoridades, como mecanismos de persecución y de intolerancia contra quienes se opongan, disientan, critiquen o cuestionen al Poder Público”.
Según la Constitución de ese país en el Artículo 187, la Asamblea Nacional tiene la facultad de “otorgar amnistías”, por lo que se estima que el Poder Ejecutivo no puede oponerse significativamente a esa iniciativa, que tiene como objetivo la liberación de detenidos por razones políticas a propósito de los hechos ocurridos del 11 al 14 de abril del 2002 (el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez), el paro petrolero de 2002-2003, todas las protestas realizadas en el marco de procesos electorales desde 1999 incluyendo las protestas de febrero a mayo del 2014.
También serían beneficiarios todos aquellos que tengan abiertos procesos judiciales por haber opinado contra el Gobierno venezolano, desde tuiteros hasta periodistas, incluyendo personal médico que ha denunciado escasez de medicinas en el país y empresarios que han sido acusados de fomentar la “guerra económica”. El documento señala que quedarán exentos del beneficio de amnistía aquellas personas condenadas por cometer delitos de lesa humanidad.
VALENTINA LARES MARTIZ
Corresponsal de EL TIEMPO
Caracas