EL LANZAMIENTO del Decreto 1649 que materializa una propuesta del Gobierno Nacional de pagar 1 millón de pesos al mes a poco más de 100.000 jóvenes para prevenir su vinculación a grupos armados, empieza a generar polémicas en el país.
Al darse a conocer el contenido del documento, una de las primeras en reaccionar en contra fue la senadora del Centro Democrática, María Fernanda Cabal, fiel y fuerte opositora del presidente Gustavo Petro.
Aseguró que el Ejecutivo insiste en excusar al que utiliza la violencia como forma de vida. “Salió el decreto de ‘pagar por no matar’ donde se pretende, como se lee claramente, pagar $ 1.000.000 entre otros, a jóvenes vinculados a estructuras criminales, donde, además, les brindarán apoyo sociojurídico sobre procesos en su contra. Aquí no se premia al joven que construye país, sino al que con alguna excusa a usado la violencia como modo de vida”.
Como se sabe, esta ayuda económica será entregada por medio del programa “Jóvenes en Paz”. Según expresa el documento, personas entre 14 y 28 años de edad, en estado de vulnerabilidad, ya sea por su situación de pobreza extrema o por los riesgos de ser reclutados por grupos criminales, recibirán el monto de forma mensual.
“Es la implementación de una ruta de atención integral a la juventud entre los 14 y 28 años de edad que se encuentren en situación de extrema pobreza, jóvenes rurales, explotación sexual, vinculados a dinámicas de criminalidad y en condiciones de vulnerabilidad en territorios afectados por la violencia y el conflicto armado que ha sido históricamente marginados y excluidos”, establece el decreto.
Además, define la forma en la que se llevará a cabo dicho programa, estableciendo que “el Departamento Nacional de Planeación, se ocupará de diseñar la metodología de focalización territorial, e individual de los potenciales beneficiarios del programa; el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) estará a cargo del componente de transferencias monetarias; el sector Comercio, Trabajo, Inclusión Social e Igualdad y Equidad, concurrirán con la oferta necesaria para el fomento del emprendimiento; el sector Trabajo y Educación, garantizarán el acceso, permanencia y graduación de jóvenes beneficiarios del programa; y el Ministerio de Igualdad y Equidad realizará la articulación, coordinación y complementariedad de acciones que permitan superar la vulneración de derechos en la que se encuentren los jóvenes beneficiarios del programa”.
Asimismo, en el decreto se destacó que la intención de la política criminal es tratar de prevenir los delitos, no solo castigar a quien infringe la ley. “Se ha conservado la característica del sistema penal como ultima ratio, haciendo que el Estado debe diseñar alternativas y mantener una variedad de herramientas complementarias al sistema penal y a la privación de la libertad, generando otras formas de sanción y prevención que busquen el respeto de los derechos humanos, las garantías judiciales y la efectiva protección de los derechos de las víctimas”.
Los requisitos
La manera en la que serán escogidos los beneficiarios está clara en el documento. Tienen que ser jóvenes que vivan en condición de pobreza extrema, en riesgo de explotación sexual, habitantes de zonas rurales, relacionados o en peligro de vincularse a organizaciones criminales y aquellos afectados por la situación de violencia.
También se supo que los jóvenes beneficiados con la medida podrán recibir el dinero por el lapso de 18 meses y no tienen que estar registrados en un segundo programa de ayudas del Gobierno a la vez.
Manifiesta que no podrán aplicar aquellos jóvenes con órdenes de captura o que cuentan con medida privativa de libertad. Asimismo, estipula que los que hayan sido escogidos también podrán acceder a orientación sociojurídica, “en relación con los procesos penales que existan en su contra o conflictos que se presenten”.
De acuerdo a lo señalado por el Gobierno nacional, a través del decreto, “que se comprendan las consecuencias legales de la situación, se asuma la responsabilidad por el daño causado, se repare de forma directa o simbólica a las personas que se hayan visto afectadas y se genere el fortalecimiento de un tejido social afectado por la comisión de un delito u ofensa”.
Como se conoce, el programa ‘Jóvenes de Paz’ está circunscrito al Ministerio de Igualdad, dirigido por la viceministra Francia Márquez, quien lleva algunos meses defendiendo el proyecto.
Fuente y Fotografía Elnuevosiglo.com