La Asamblea Constituyente que rige Venezuela con poderes absolutos acordó este viernes por unanimidad asumir competencias del Parlamento controlado por la oposición.
El órgano decidió “asumir las competencias para legislar sobre las materias dirigidas directamente a garantizar la preservación de la paz, la seguridad, la soberanía, el sistema socioeconómico y financiero, los bienes del Estado y la preeminecia de los derechos de los venezolanos (…) Así como para dictar actos parlamentarios sin forma de ley vinculados con las referidas materias, conforme al mandato del artículo 349 de la Constitución”, agrega el acuerdo que alega el poder supraconstitucional de la Constituyente para emitir decisiones incontestables” según el decreto.
El acuerdo, que incluye la potestad de dictar leyes, fue tomado en una sesión a la que se negó a asistir la junta directiva del Parlamento, que había sido citada el jueves por la presidenta de la Asamblea Constituyente, la excanciller Delcy Rodríguez.
El decretó recordó que “todos los órganos del poder público se encuentran subordinados a la Asamblea Nacional Constituyente”, lo cual fue desconocido -agregó- por el Congreso al no comparecer sus directivos a la sesión. “¡No vamos a permitir más desviaciones de poder! (…) ¡Llegó la Constituyente a poner orden!”, advirtió Rodríguez antes de la lectura del acuerdo.
Los más de 500 representantes de la ANC celebraron entre aplausosesta declaración que deberá ser publicada en Gaceta Oficial y comunicada a la directiva de la Cámara, presidida por el opositor Julio Borges.
A través de un comunicado el Parlamento, único de los cinco poderes reconocidos en la Constitución venezolana que no se ha subordinado a la Constituyente, sostuvo su posición señalando que “rechazamos, desconocemos y no compareceremos ante la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente y nos sometemos a la vigencia de la Constitución de 1999″.
En la carta abierta a la nación, el parlamento repasó las razones por las que repudia esta Asamblea instaurada por el oficialismo el 4 de agosto sin un referendo previo de aprobación, que ya ha cesado a la fiscal crítica con Maduro y amenaza con llevar a la cárcel a los líderes de oposición.
Según el escrito, firmado por el presidente de la Cámara, Julio Borges, este órgano “no es una auténtica asamblea constituyente” sino “un poder de facto” que “pretende perpetuar” a Maduro en el poder, que fue “avalada por 2 millones de personas” nada más y no por los 8 millones que según el Poder Electoral eligieron a sus miembros el 30 de julio.
A fines de marzo pasado, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado por la oposición de servir al gobierno, había asumido funciones del Parlamento, lo que provocó amplio rechazo internacional, lo que lo hizo dar marcha atrás en menos de dos días.
Aunque revirtió entonces su decisión, desató una ola de protestas que dejaron unos 125 muertos entre abril y julio.
Representantes de todos los poderes públicos, incluido Maduro, han acudido, desde el 4 de agosto que se instaló la Constituyente, a sus sesiones para subordinarse frente a un “suprapoder” que funcionará por al menos dos años, más allá del período del mandatario, que finaliza en enero de 2019.
Fuente y Fotografía ElEspectador.com