
Para la jefe del Ministerio Público “el remedio resultó peor que la enfermedad”, y recordó que el órgano de control en su momento le transmitió varias inquietudes al Gobierno Nacional sobre la forma como se garantizaría la atención, pues no había firmado los contratos con los prestadores del servicio.
La Procuradora recalcó que ese riesgo se materializó, porque la falta de contratos formales ha dejado a los proveedores sin garantías de pagos y a los maestros y sus beneficiarios “con incertidumbres más que certezas sobre su atención”.
Fuente y Fotografía Procuraduría General de la Nación