1. Economía
Un día después de que se posesionara Petro, el Gobierno presentó la reforma tributaria con la que espera alcanzar $25 billones para financiar programas de carácter social así como atender el déficit fiscal.
Avanza en el Congreso la discusión de este proyecto que tiene varios puntos polémicos para gremios y ciudadanos, como la eliminación de estímulos y exenciones tributarias en varios ramos; impuestos a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados.
De igual forma, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, no ha aclarado en qué se usarán los recursos de la reforma y cuánto irá para déficit fiscal.
No obstante, en la discusión previa que ha sostenido el ministro de Hacienda con los gremios y los ponentes de la reforma, ha dado su brazo a torcer en algunos aspectos, como eliminar beneficios a la gasolina en los municipios de frontera. Tampoco se impondrán más impuestos a la explotación del oro, ni se bajará lo que se tiene establecido a los dividendos y ganancias ocasionales.
De otro lado, el Gobierno tiene una papa caliente con la inflación que no afloja, al ubicarse en agosto en 10,84%, lo que se ha reflejado en los precios de los alimentos así como de los servicios públicos.
En cambio sigue reactivándose la economía, el PIB en el segundo trimestre de este año creció 12,6% con relación a igual periodo de 2021.
2. En lo político
El Ejecutivo logró conformar una coalición que le da las mayorías para aprobar su paquete legislativo, constituida por los partidos Liberal, La U, Pacto Histórico, la coalición Centro Esperanza-Alianza Verde. A este bloque se suma el Partido Conservador con una postura colaborativa y movimientos minoritarios.
En Senado el Gobierno tendría de su lado 79 votos, superando con comodidad la mayoría establecida en 54 votos.
En tanto que en Cámara contaría con 128 votos, frente a una mayoría requerida de 94 votos.
La coalición de gobierno ya se hizo sentir, pues producto de acuerdos se eligió a Carlos Hernán Rodríguez como contralor general y los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral.
3. Relaciones internacionales
Se reanudaron las relaciones con Venezuela, ya hay embajadores en Bogotá y Caracas y se espera en unos meses una reunión entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro. De igual forma comienzan las conversaciones en la agenda binacional para normalizar el paso en la frontera, definir el marco para la actividad comercial y de cooperación en materia de justicia y seguridad, entre otros aspectos.
De antemano el Gobierno anunció que respetará el principio de refugio, frente a las voces desde Venezuela anunciando que pedirán en extradición a opositores a Maduro.
Asimismo, Petro se reunió con una delegación que envió el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para abordar temas de la agenda binacional. El mandatario colombiano planteó que los narcotraficantes que se sometan a la justicia no sean extraditados. Esto debe ser conversado y definido posteriormente por las dos naciones.
A finales de agosto, Petro hizo el primer viaje internacional para participar en el XXII Consejo Presidencial Andino, celebrado en la capital peruana, en donde entre otras propuestas planteó convocar a una conferencia de América Latina y el Caribe para evaluar política contra las drogas.
4. Definición de la política de paz
El Gobierno ha sentado las bases de lo que es su estrategia para alcanzar la paz total. En ese propósito planea una negociación política con el Eln y otra de tipo judicial con los otros grupos armados organizados para su sometimiento a la justicia.
En días pasados, para contar con las herramientas necesarias, presentó el proyecto para prorrogar la Ley 418.
En el caso del Eln, fueron el canciller Álvaro Leyva y el comisionado para la Paz, Danilo Rueda, a La Habana para entrevistarse con negociadores de esa guerrilla que se quedaron en la isla, tras suspenderse la mesa de conversaciones porque finalizó el gobierno Santos.
Mientras tanto, al menos 30 grupos armados al margen de la ley, encabezados por el ‘Clan del Golfo’, manifestaron en una misiva al Gobierno su interés de dialogar para someterse a la justicia.
Mientras que el Gobierno arma la logística para iniciar diálogos con los ilegales, la semana anterior fueron asesinados siete policías en el Huila en una emboscada aparentemente perpetrada por las disidencias. Petro consideró que con ello buscan sabotear su política de paz.
Desde la oposición ha recibido críticas el Jefe de Estado porque señalan que el incremento de la violencia en las últimas semanas, con masacres y ataques a la Fuerza Pública, se explicaría porque los grupos querrían posicionarse frente a una eventual negociación con su gobierno.
De igual manera, el Ejecutivo tiene previsto diálogos regionales en su estrategia de paz, con el objetivo a corto plazo de reducir la violencia.
5. Transición energética
Es uno de los temas clave del Gobierno, al punto que presentó un proyecto para prohibir la realización del fracking en la explotación de petróleo y gas.
De igual forma el Ejecutivo se mantiene en que no entregará licencias para exploración de petróleo y gas, dentro de su concepción de fomentar el uso de energías limpias, aunque para minería sí lo autorizará. Dijo que de escasear las reservas de gas lo importaría de Venezuela, lo que produjo una gran controversia con la oposición y el sector energético.
En tanto que la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, celebró el fallo del Consejo de Estado en que ordena corregir el déficit de protección al medioambiente que se evidencia en el ordenamiento minero ambiental.
6. Estrategia de seguridad
El presidente Petro lanzó la Política Integral de Seguridad Humana, bajo el concepto de que la solución a los problemas de violencia en los territorios no depende solamente del accionar de la Fuerza Pública, sino también de la participación de otras instituciones no armadas.
De igual manera, dio instrucciones al ministro de Defensa y al director de la Policía para ajustar el enfoque en la Fuerza Pública dirigido preferencialmente a la protección de la vida y privilegiar la defensa de los derechos humanos.
Además, Petro advirtió a los comandantes militares y de Policía que las masacres que ocurran en zonas a su cargo serán tenidas en cuenta para sus hojas de vida.
Así mismo, el Presidente produjo un remezón en el Ejército y la Policía llamando a retiro a más de 40 generales, algunos de los cuales tenían investigaciones por presunta afectación a derechos humanos.
No se puede olvidar que el Ejecutivo tiene la intención más adelante de trasladar la Policía del Ministerio de Defensa a un ministerio que será creado, de paz, seguridad y convivencia.
7. Peleas con anterior Gobierno
Varias críticas ha hecho la administración Petro al anterior gobierno, lo que ha generado polémicas con los exfuncionarios. Fue el caso del costo de las casas que se construyeron en San Andrés tras la destrucción que generó el huracán Iota. El presidente calificó como “sorprendente” que cada unidad costara $600 millones.
También el Gobierno criticó a la administración Duque porque, dijo, no dejó en el proyecto de Presupuesto para 2023 la financiación del Ingreso Solidario y otros auxilios generados por la pandemia.
Así mismo, funcionarios han señalado que les dejaron la ‘olla’ raspada en presupuesto en las diferentes entidades del Gobierno central.
8. Proyectos pendientes
El presidente del Senado, Roy Barreras, urgió a los ministros a presentar los proyectos de ley que anunció el Gobierno, como la reforma política y la reforma agraria, pues dijo que quedan pocas semanas para finalizar el periodo legislativo y no habría tiempo para aprobarlos.
Descachadas del Gobierno
El Presidente posesionó en el Ministerio de las TIC a Sandra Urrutia, después de que se cayera la designación de Mery Gutiérrez por un posible conflicto de intereses, debido a que en 2014 figuraba como representante legal de una empresa que tiene una demanda contra la desaparecida Autoridad Nacional de Televisión.
Igualmente se le cayó a Petro la designación de César Ferrari en la Dirección del Departamento Nacional de Planeación, debido a que es peruano de nacimiento, italiano de sangre y colombiano por adopción.
También provocó polémica el llamado que hizo la ministra de Minas, Irene Vélez, a que los países decrezcan en sus modelos económicos, basándose para ello en la teoría del decrecimiento.
El Presidente recibió críticas porque dejó sentados a los generales en el reconocimiento de la nueva cúpula militar. La Casa de Nariño adujo problemas de agenda. Días después el Jefe de Estado realizó este acto.
Así mismo, fue controversial la propuesta que hizo el ministro de Justicia, Néstor Osuna, de que un ladrón de celulares que sea atrapado, en lugar de enviarlo a la cárcel, restaure a la víctima con un equipo nuevo y le pague un semestre del servicio.
Además hubo críticas al Gobierno porque Colombia no estuvo en la sesión del Consejo Permanente de la OEA en que se aprobó una resolución sancionando a Nicaragua por violaciones a los Derechos Humanos. La Cancillería explicó que fue por motivos de política exterior, pero no quedó claro qué sucedió.
Fuente y Fotografía Elnuevosiglo.com