El Tribunal Administrativo de Casanare resolvió la controversia entre la Alcaldía y el Concejo Municipal de Hato Corozal por el presupuesto de la vigencia 2026 y declaró infundadas las objeciones por ilegalidad presentadas por la alcaldesa Tatiana Pirabán Gutiérrez contra el Acuerdo Municipal PTA-200-02-007 del 30 de noviembre de 2025.
La decisión, con ponencia de la magistrada Aura Patricia Lara Ojeda, concluyó que el Concejo actuó conforme a la Constitución y la ley al modificar el proyecto de presupuesto presentado por la Administración Municipal.
La controversia se originó luego de que la corporación introdujera cambios al proyecto, entre ellos la supresión de recursos del balance correspondientes al superávit fiscal de 2024. La alcaldesa sostuvo que las modificaciones no cumplieron el trámite previsto en el Estatuto Orgánico de Presupuesto y que la eliminación de esos recursos afectaba el equilibrio financiero del municipio y programas del Plan de Desarrollo.
En su análisis, el Tribunal abordó primero el debate sobre la oportunidad de las objeciones y decidió realizar un estudio de fondo bajo el trámite especial para acuerdos de presupuesto. En la revisión sustancial determinó que los recursos suprimidos no estaban comprometidos con deuda pública, obligaciones contractuales ni gastos esenciales, por lo que no requerían autorización previa de la mandataria para su eliminación.
La sentencia señala que el Concejo tiene la facultad de examinar, debatir y modificar el presupuesto, siempre que no afecte partidas destinadas al servicio de la deuda, obligaciones contractuales, gastos obligatorios de funcionamiento o inversiones ya autorizadas.
Con la decisión, el presupuesto aprobado por el Concejo regirá durante la vigencia fiscal 2026. También se recordó que la alcaldesa se había negado a sancionar el acuerdo en su momento, trámite que deberá cumplirse conforme a lo ordenado por el Tribunal.
Fuente Tribunal Administrativo de Casanare