El Concejal de Yopal, Felipe Becerra afirmó que en el comienzo de las sesiones del mes de marzo y abril, en su primer día se abre una deliberación y una discusión importante como los inconvenientes que ha generado el cobro del impuesto predial excesivo generado por una actualización catastral que deja serias dudas.
El integrante de la Corporación dijo que los 17 aceptaron la propuesta de citar a debate de control político para llamar al orden y convocar a los responsables de la cartera de Hacienda y de Planeación, para que respondan ante la plenaria del recinto de la democracia municipal, qué fue lo que sucedió, de quien es la responsabilidad de aquellos que fungían o tenían como supervisores del convenio interadministrativo firmado entre la alcaldía y Catasig SAS Empresa Industrial y Comercial del Estado.
“¿Qué pasó en esos momentos? ¿Cómo fue la idoneidad de la empresa? ¿cuál fue la metodología? ¿Cómo se avaló? ¿Cómo qué se rechazó? ¿Cuáles fueron las actuaciones a través de los actos administrativos que expusieron a través de esa supervisión que llevaron a que se le entregara un resultado a la alcaldía de Yopal para que la metiera en una fórmula para que arrojara el valor del impuesto predial, que es lo que tiene a todo el pueblo de Yopal hoy ofuscado, inconforme y de cierta manera en una situación incomprensible por la elevación exponencial de los costos, no solamente del avalúo catastral, sino de lo que venían históricamente pagando con denominado el impuesto predial unificado”, cuestionó Becerra.
Agregó que el que se haya unificado los criterios entre los dos grupos del Concejo en un mismo cuestionario, tiene una respuesta clara determinar básicamente la responsabilidad y bajar las tarifas porque la gente está cansada de escuchar una cosa otra con un elemento importante el respaldo del alcalde Marco Tulio Ruiz, esfuerzos que logren suspender definitivamente este tema del cobro y que haya una reevaluación o una nueva actualización catastral.
“Son dos caminos o vías que acabamos de encontrar con los concejales y vamos a agotarlas. La primera vía, el control político para nosotros seguir investigando, entre lo que sucedió para poderle entregar resultados porque la gente está exigiendo qué pasó, quién fue el responsable, porque esos son recursos públicos, se pagó con la plata de los ciudadanos porque tiene que haber una responsabilidad de las entidades y de los organismos y de la misma administración que fue la que supervisó en el gobierno anterior y actualmente”, precisó.
Agregó que la otra la vía es la jurídica que hoy de acuerdo con el decreto que nos da la posibilidad al Concejo Municipal de solicitar ante el gobierno nacional, en concordancia con todos los corporados, sustentando la situación económica que está pasando el municipio y extendiendo la petición al presidente de la República para que suspenda el cobro de la vigencia del 2025 del avalúo catastral y ese cobro continúe la vigencia que ya se llevaba. que es la del 2024 más los incrementos de ley, más los incrementos que suben, que venía históricamente subiendo años.
“Vamos en dos vías paralelas, la administrativa, la jurídica, pero también la política, que es nuestra responsabilidad en los debates de control político, para eso la gente confía en que los 17 corporados, como es nuestra obligación y hoy coincidimos mayorías y minorías, representando los intereses de los ciudadanos que piden a gritos qué fue lo que pasó, porque no saben qué hacer, no saben si van a pagar, si no van a pagar”, indicó.
Anotó el integrante de la Corporación invitar al alcalde Marco Tulio Ruiz, quien quedó comprometido en las mesas de concertación, de la cual hace parte del equipo de ciudadanos inconformes, para presentar al Concejo Municipal una modificación, del calendario tributario y segundo de las tarifas que tienen unos mínimos y unos máximos donde se ubica cada ciudadano, cada bien inmueble de acuerdo con unos criterios que arroja unos valores para beneficiar a los ciudadanos y también los beneficios por pronto pago para que paralelamente mientras buscamos la vía jurídica.
“Estamos exigiendo nosotros como ciudadanos, suspender ese cobro de aquí al de la base del 2025, entonces todo vaya funcionando, por eso invito, a todos los abogados, a la lonja inmobiliaria, a la sociedad de arquitectos, a los abogados expertos en esta en estas situaciones catastrales, a la academia, a las facultades de derecho, para que actuemos cada uno por aparte, pero con un bien y un propósito común, porque ya están hablando de tutelatón, acciones populares, acciones de grupo, medidas que debemos rodear”, puntualizó El concejal Becerra.
Fuente y Fotografía Radio Noticias Casanare