Bajo el argumento de que Antonio Quinto Guerra estaba inhabilitado para participar en los comicios de Alcaldía de Cartagena, la Procuraduría pidió tumbar su elección.
El Ministerio Público indicó que Guerra había suscrito dos contratos con la Gobernación de Bolívar y el Ministerio de Vivienda cinco meses antes de la fecha inicialmente pactada para las votaciones.
De acuerdo con el organismo de control, un candidato a elección popular no puede ser al mismo tiempo contratista del Estado, y, al adelantar contratos en la misma región en la que buscaba ser elegido, estaba teniendo una ventaja sobre los demás candidatos.
Sin embargo, en el CNE avaló la tesis de que no hay seguridad sobre la fecha en que caducaron dichos contratos por lo cual le dio vía libre a su candidatura y a la posterior elección de Quinto Guerra que se dio en medio de abstencionismo pues solo el 23% de los ciudadanos aptos para votar acudió a las urnas en las elecciones atípicas que se celebraron en Cartagena a principios de mayo.
Fuente y Fotografía Colprensa-elnuevosiglo.com.co