Contraloría General de la República inició seguimiento a megaobras de infraestructura en el país

La Contraloría General de la República adelanta el seguimiento a importantes proyectos de infraestructura del país como el Túnel de la Línea y la Ruta del Sol, Tramo 3, atendiendo las disposiciones del Gobierno Nacional, en el marco del decreto 417 del 17 de marzo de 2020, por el cual se declaró Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional.

En una primera audiencia virtual, con el INVIAS y la ANI, se hizo seguimiento a estos proyectos, a partir de las situaciones asociadas a las medidas adoptadas por la aparición del Covid-19.

“En conjunto con el INVIAS y ANI, estamos realizando seguimientos y generación de alertas a fin de evitar posibles daños al patrimonio público respecto de algunos proyectos de infraestructura, conociendo las medidas que se han adoptado para el cumplimiento de plazos en proyectos como el Túnel de la Línea y el proyecto Ruta del Sol, Tramo 3, dada las situaciones de contingencia por el Covid-19”, explicó el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez.

De esta manera, la Contraloría General de la República inició el seguimiento, con enfoque preventivo sobre la inversión de recursos en infraestructura vial, añadió.

Posibles irregularidades en licitación vial en Norte de Santander

A través de denuncias ciudadanas y con el análisis realizado por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata de la CGR (DIARI), se viene realizando seguimiento puntual a las inversiones de entidades públicas en infraestructura vial.

Y, en este sentido, se identificó el proceso de licitación pública LP-SI-004-2020 de la Gobernación de Norte de Santander, con la Fundación Ambientalista Planeta Azul, que tiene por objeto el “MEJORAMIENTO DE LA VIA TOLEDO-CHINACOTA DEL TRAMO K7+400 AL K8+400, MUNICIPIO DE TOLEDO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER”, por $12.946.717.648, lo que representa un valor por metro de vía mejorada de $12 millones, que genera un riesgo de extralimitar los valores establecido para una contratación pública.

“A través de las herramientas con las que cuenta la Contraloría General de la República se realizaron comparaciones de precios unitarios con contratos de proyectos de infraestructura vial con objetos similares y localizados en el departamento Norte de Santander, lo que permitió evidenciar un posible sobrecosto, de acuerdo a que ninguno de los desarrollos que se ejecutarán en la vía Toledo-Chinácota, representan una complejidad técnica que justifique el valor total, así como tampoco se evidencian obras de tratamiento en taludes o muros de contención, que pudiesen ser factores que podrían incrementar el valor final”, indicó el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana.

Pineda Téllez sostuvo que “como máximo ente de control fiscal del país y bajo el ejercicio del Control Preventivo y Concomitante que nos ha brindado el Congreso de la República, estamos obligados a determinar y alertar sobre la ocurrencia de presuntos daños fiscales por el uso improductivo de los recursos públicos, a través de debilidades de planeación y en la de ejecución de los proyectos de infraestructura. Son los recursos de todos los colombianos y en medio de una emergencia como la que vivimos, es fundamental que no se despilfarren”.

Más control, en la Nueva Contraloría

La Contraloría General de la República, con el fin de garantizar la defensa y protección del patrimonio público, y en el marco del Acto legislativo 04 de 2019, reglamentado por el Decreto 403 de 2020, en ejercicio del nuevo Control Preventivo y Concomitante, ha desplegado todos los mecanismos de seguimiento permanente y preventivo para la vigilancia de la inversión de los recursos públicos.

Por tal motivo, pone en marcha esta estrategia de seguimiento virtual a los proyectos de infraestructura; procesos que además el ente de control ha venido acompañando a través de la Estrategia “Compromiso Colombia”, donde, junto a la ciudadanía y actores involucrados, ha identificado diferentes problemáticas, para generar acuerdos que permitan sacarlos adelante.

Fuente y Fotografía Contraloría General de la República