Una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla González, y del Interior, Luis Fernando Velasco Chaves, por su presunta participación en el direccionamiento irregular de contratos estatales para favorecer a congresistas a cambio de apoyo político a iniciativas del Gobierno nacional.
La decisión se adoptó tras valorar los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía General de la Nación, en el marco de una macroinvestigación que indaga posibles hechos de corrupción relacionados con proyectos financiados a través del Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
De acuerdo con la investigación, los exfuncionarios habrían convocado y participado en reuniones, impartido instrucciones y realizado seguimiento para orientar la asignación de contratos a determinados senadores y representantes a la Cámara, con el propósito de asegurar votos favorables a reformas y proyectos legislativos impulsados por el Ejecutivo.
La Fiscalía estableció al menos tres periodos en los que se habrían configurado las conductas investigadas. El primero, entre junio y septiembre de 2023, cuando presuntamente intervinieron en 79 contratos —74 en Invías y 5 en la Ungrd— por un valor aproximado de 612.237 millones de pesos, de los cuales siete se habrían concretado bajo el esquema investigado.
Un segundo momento se habría presentado entre septiembre y diciembre de 2023, con la supuesta intermediación en tres contratos de la Ungrd destinados a la atención de emergencias en Saravena (Arauca), Cotorra (Córdoba) y El Salado, en Carmen de Bolívar (Bolívar), por un valor cercano a 86.619 millones de pesos. Aunque estos contratos no se materializaron, la Fiscalía indicó que, en ese periodo, congresistas habrían aprobado 17 notas crédito de endeudamiento a favor del Gobierno nacional.
Finalmente, entre noviembre de 2023 y marzo de 2024, los exministros habrían mediado para direccionar un contrato de la Ungrd por 35.000 millones de pesos en Sahagún (Córdoba), el cual tampoco llegó a ejecutarse.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Bonilla González y Velasco Chaves los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Ninguno de los cargos fue aceptado por los procesados.
La información fue divulgada por las autoridades judiciales por tratarse de un asunto de interés general, dada la gravedad de las acusaciones y la condición de altos exfuncionarios del Estado de los imputados.
Fuente Fiscalía General de la Nación / Foto crédito Ungrd / Colprensa