La ‘unión’ temporal de las bancadas del petrismo y del uribismo permitió que, en un primer debate en la Comisión Primera del Senado, se diera visto bueno a la reducción del salario de los congresistas que actualmente devengan $35,3 millones mensuales.
En el debate de Acto Legislativo “Por medio del cual se reduce el número de miembros del Congreso de la República de Colombia, se realiza una reducción salarial y se dictan otras disposiciones”, se dio paso a las discusiones que finalmente permitieron que el proyecto siguiera su curso.
Esta proposición, que ha sido tema en el sector político en diversas ocasiones, volvió a ser el eje de la discusión de los congresistas, ya que la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático), ponente y autora de este proyecto, presentó unas modificaciones a lo ya planteado en el paquete inicial.
La senadora Valencia expuso que este proyecto de Acto Legislativo fue modificado gracias a un acuerdo que logró con senadores de diferentes partidos, incluidos los de la bancada de gobierno, con lo cual se modificaron los cuatro artículos de la propuesta expuestos inicialmente.
Modificaciones
Las modificaciones que se plantearon son de los artículos 1 y 2, que hacían referencia a reducir la cantidad de congresistas y al inicio del periodo de sesiones, respectivamente. La razón por la cual el Artículo Primero fue retirado del proyecto es que la disminución del número de congresistas sin una consulta previa “podría afectar las curules especiales de los pueblos indígenas y afrodescendientes, lo que reduciría el derecho constitucional que se adquirió en 1997”, afirmó la senadora Aída Quilque.
De otro lado, también fue retirado el Artículo Segundo, puesto que en la Comisión ya se llevó a cabo la votación y aprobación de un proyecto acerca del receso legislativo, propuesto por el senador David Luna, y que ya está en curso para ser sometido a votación en Plenaria.
Dicho esto, la propuesta quedó con dos artículos en vigencia y que contemplan: el salario de los congresistas no será superior a 23 SMLV a partir del 2026 y este no será tomado en cuenta para definir los sueldos de los demás funcionarios públicos.
Además, se establece que los congresistas y los altos mandos del Estado tendrán un impuesto del 20% al salario del año 2022 a 2026, tributo que en época de pandemia se conoció como “impuesto solidario” y que se implementaría hasta que se establezca permanentemente en la reforma tributaria que está en curso.
Para todos
Por su parte, el senador Carlos Motoa propuso que la reducción de los salarios no sea solo para los congresistas, sino que se incluya a todos los funcionarios públicos de altos cargos del Estado, tanto en la rama judicial como en la legislativa, además de que esta proposición sea aplicada a partir de la promulgación de su aprobación. Esta propuesta fue dejada como constancia en el informe de la ponencia.
Tras la votación y aprobación de los artículos, proposiciones y cambios al nombre, se avaló el proyecto para segundo debate y continúa en trámite para convertirse en reforma constitucional y que tendrá como ponente a la senadora Paloma Valencia.
Fuente y Fotografía Elnuevosiglo.com