El embajador ante las Naciones Unidas, Guillermo Fernández de Soto, lo calificó de “atrevido”
La más dura réplica que se conozca en los últimos años contra un diplomático del Sistema de Naciones Unidas en Colombia la formuló ayer el Gobierno nacional.
Se trata de la rectificación de la Cancillería a Alberto Brunori, representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, respecto de una afirmación suya con relación a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).
Brunori, al presentar el pasado jueves en Bogotá el ‘Informe Anual de la Alta Comisionada de ONU Derechos Humanos sobre Colombia – 2018’, instó al Gobierno del presidente Iván Duque a firmar de manera “urgente” y sin dilaciones” la Estatutaria de la JEP.
En el documento, Brunori consigna: “La construcción de una paz estable y duradera depende de la urgente sanción y promulgación, sin más dilaciones, del proyecto de Ley Estatutaria de la JEP, en cumplimiento de los mandatos de la Corte Constitucional y de los estándares internacionales relativos a la garantía efectiva de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición, y a la investigación, juzgamiento y sanción de los máximos responsables de los crímenes internacionales”.
Esta declaración, además escrita en un documento oficial del Sistema de Naciones Unidas, provocó la airada reacción colombiana.
El primero en responderle a Brunori fue el propio ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo García, quien el miércoles pasado se reunión en New York con el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, a quien explicó los alcances de las objeciones presidenciales.
“La declaración del funcionario que representa en Colombia a la señora Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con respecto a que el presidente Duque debe proceder a sancionar inmediatamente el proyecto de Ley Estatutaria para la JEP, no coincide, se aparta de lo que fueron los términos de la conversación que sostuvimos con el señor Secretario General de la ONU recientemente en New York”, afirmó en una declaración oficial el canciller Trujillo.
Y agregó que “agradezco nuevamente al señor Secretario General su interés, comprensión y receptividad a toda la información que le fue suministrada respecto de las razones que llevaron al señor Presidente de la República a las objeciones que son del conocimiento de la opinión nacional”.
Dura respuesta
Menos conciliadora fue la respuesta del embajador colombiano ante la ONU, Guillermo Fernández de Soto.
“Es un atrevimiento con el Jefe de Estado que un funcionario internacional le diga lo que tiene que hacer: ningún diplomático puede darle instrucciones a un Presidente y menos en las actuales circunstancias”, afirmó.
Fernández de Soto recordó que Colombia es un Estado de Derecho donde existe la separación de poderes y, por tanto, será el Congreso de la República quien debe decidir la suerte de las objeciones a la JEP.
El Embajador ante la ONU reiteró que en la reunión del miércoles pasado con el secretario general Guterres, se le explicó en detalle los alcances de las objeciones presidenciales en virtud de la estructura institucional del Estado colombiano.
“Brunori se aparta del comunicado (sobre las objeciones) que suscribió todo el Sistema de Naciones Unidas donde se recoge el pensamiento del Secretario General: jamás el Secretario General dijo en esa reunión lo que Brunori de manera atrevida ha dicho”, reiteró molesto el diplomático colombiano.
Y le pidió que “ponga polo a tierra”, pues dijo que “tiene que saber que estamos en una democracia actuante, y que el Presidente tiene unas facultades legales para objetar una norma”.
La posición de la ONU
Luego de su alocución del domingo, cuando objetó seis artículos de la JEP y anunció un proyecto de acto legislativo para reformar otros tres, el presidente Iván Duque explicó en la Casa de Nariño ante el cuerpo diplomático acreditado en Colombia los alcances de su decisión.
Horas después, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia expidió un comunicado en el que urge se respete “la integralidad del Acuerdo de Paz” suscrito con las antiguas Farc.
“En el marco de los estándares internacionales, consideramos esencial que las decisiones sobre las objeciones presentadas por el Presidente de la República aseguren que la integralidad del Acuerdo Final será respetada, al igual que la independencia judicial de la JEP”, dice el comunicado.
De paso, la Misión le pidió al Ejecutivo “priorizar y darle mayor celeridad” a la definición de la Ley Estatutaria, pues lamentó que después de más de dos años de firmado el Acuerdo de Paz, la JEP “no cuente aún con un marco jurídico sólido”.
Y el miércoles, el canciller Trujillo García se reunió en New York con el secretario general António Guterres, a quien explicó la decisión presidencial.
El Canciller aseguró que Guterres atendió su explicación de manera “comprensiva” y “con gran interés”, y le explicó que en Colombia “no hay ningún choque de trenes, sino que se trata de fortalecer la JEP para garantizar los derechos de las víctimas”.
Lo que dijo la CPI
Asimismo, el canciller Trujillo García informó que ayer se reunió con la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, para explicarle el tema de las objeciones.
“Básicamente, lo que hizo fue, de manera muy amable, escuchar toda la información que se le dio con respecto a los antecedentes de las facultades constitucionales del Presidente de la República para formular objeciones por motivos de conveniencia, con respecto a las ocasiones en que esas facultades se han usado por otros presidentes en el pasado…y, naturalmente, una información detallada sobre todas y cada una de las objeciones que ahora van a ser consideradas por el Congreso de la República”, dijo el Ministro de Exteriores en un comunicado.
“Todas las explicaciones, todas las precisiones y toda la información fue muy bien recibida por la señora Fiscal de la CPI”, concluyó.
Fuente y Fotografía El Nuevo Siglo