El Tribunal Administrativo de Casanare volvió a poner en el centro de la discusión el futuro del relleno sanitario El Cascajar, en la vereda La Niata de Yopal. En un auto del 2 de octubre de 2026, advirtió que persisten incumplimientos materiales de las órdenes judiciales y fijó plazos concretos para enfrentar el agotamiento de la capacidad del sitio y avanzar hacia una solución definitiva para la disposición de residuos sólidos en la región.
La decisión se produce después de más de una década de seguimiento judicial a una problemática que no ha encontrado una salida permanente. El expediente corresponde a una acción popular, cuyo propósito es la protección de derechos e intereses colectivos, entre ellos el ambiente sano y la salubridad pública.
La preocupación más inmediata está relacionada con la capacidad disponible de El Cascajar, particularmente de la infraestructura actualmente en operación. En septiembre, el Tribunal ya había advertido sobre la proximidad del agotamiento de la vida útil de la Trinchera 11 y había convocado a las autoridades para verificar el cumplimiento de las órdenes impartidas en el proceso.
Quince días para preparar un plan de contingencia
Uno de los principales requerimientos establece que la Alcaldía de Yopal, la EAAAY, la Gobernación de Casanare y Acuatodos deberán presentar en un término de 15 días calendario un Plan Regional de Contingencia.
La estrategia deberá definir qué ocurrirá si se agota la capacidad de la Trinchera 11 o de otra estructura activa. Para ello, las entidades deberán identificar alternativas de disposición con capacidad disponible, gestionar posibles cupos y establecer cómo podrían redistribuirse los municipios usuarios, además de fijar responsables y fechas para ejecutar las acciones.
La orden busca evitar que el agotamiento de El Cascajar termine afectando la continuidad del servicio de aseo y genere una situación de mayor riesgo para la salud pública y el ambiente.
La Niata será objeto de una inspección sanitaria y ambiental
El Tribunal también ordenó al Municipio de Yopal, con participación de la Secretaría de Salud y Corporinoquia, realizar inspecciones sanitarias y ambientales en el sector de La Niata.
La revisión deberá servir para determinar las condiciones existentes y establecer medidas de mitigación relacionadas con factores como olores, vectores, manejo de lixiviados, estabilidad de las estructuras, cobertura y manejo de aguas lluvias y escorrentías.
El informe deberá ser presentado dentro de un plazo de 10 días.
Cinco días para decir cuál será la solución definitiva
Uno de los puntos de mayor importancia está en manos del Comité de Verificación, presidido por la Gobernación de Casanare. El Tribunal le dio cinco días para presentar un informe consolidado que permita establecer cuál es la alternativa para resolver de fondo la disposición de residuos sólidos. El documento deberá incluir predios, estado de los proyectos, permisos y licencias requeridos, costos, fuentes de financiación, compromisos institucionales y un cronograma verificable.
El mensaje judicial apunta a que el proceso no puede continuar limitado a reuniones, estudios y trámites sin que exista una ruta concreta hacia una infraestructura que permita solucionar de manera permanente el problema.
Corporinoquia deberá revisar las trincheras
La autoridad ambiental recibió otro plazo perentorio: cinco días para efectuar una visita técnica a las trincheras 10, 11, 12 y 13.
La inspección deberá establecer la capacidad remanente, las condiciones de las piscinas de lixiviados, el estado de las estructuras y los riesgos ambientales existentes.
Además, la Gobernación de Casanare y la Alcaldía de Yopal tendrán 30 días para gestionar ante la Agencia Nacional de Tierras y la Sociedad de Activos Especiales la identificación de predios que puedan ser considerados para tratamiento, aprovechamiento o disposición final de residuos.
La Nación también deberá entrar en la búsqueda de una salida
El auto incluye al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, al que se le pide priorizar las gestiones necesarias para evaluar y viabilizar la cofinanciación nacional de la solución definitiva, dentro de los instrumentos de planeación e inversión que correspondan.
El problema, por tanto, deja de ser únicamente de Yopal. La dimensión regional de la disposición de residuos exige una respuesta coordinada entre las administraciones municipales, el Departamento, las autoridades ambientales y el Gobierno Nacional.
El Tribunal priorizó la protección de la comunidad
Aunque el despacho advirtió que existirían elementos para analizar posibles incumplimientos y eventuales responsabilidades dentro del proceso, decidió concentrar en esta etapa sus esfuerzos en medidas inmediatas y efectivas de cumplimiento, con el propósito de proteger los derechos colectivos y evitar que la situación de El Cascajar derive en una crisis sanitaria y ambiental.
El antecedente judicial demuestra que el problema no es reciente. La acción popular lleva más de una década en seguimiento y las autoridades han presentado durante estos años diferentes proyectos, estudios y alternativas. Sin embargo, el Tribunal considera que la solución definitiva todavía no está materializada.
Ahora los tiempos están definidos: cinco días para algunos informes e inspecciones, 10 días para la evaluación sanitaria y ambiental, 15 días para el plan regional de contingencia y 30 días para avanzar en la identificación de predios alternativos.
El desafío para las autoridades será convertir esos plazos judiciales en decisiones y obras concretas, antes de que la capacidad de El Cascajar llegue a su límite y el problema de las basuras termine convirtiéndose en una emergencia de mayores proporciones para Yopal y otros municipios de Casanare.
Redacción Radio Noticias Casanare