La decisión del Consejo de Estado de suspender de manera provisional la reducción de salario de los congresistas, siendo esta una medida tomada desde el Gobierno de Gustavo Petro, causó una fuerte reacción de otro de los promotores de este recorte: el senador y excandidato presidencial Iván Cepeda, que a través de sus redes sociales expresó su vehemente rechazo al fallo del alto tribunal, conocido el jueves 16 de julio.
Cepeda, que trató de liderar sin éxito una iniciativa legislativa enfocada en lograr la reducción del monto mensual a los parlamentarios, se unió a la ola de comentarios y calificó como un “retroceso” en materia de equidad y gasto público este revés jurídico. “Se debe acabar la prima especial de 18 millones de pesos para congresistas”, expresó de entrada el congresista, que asumirá la curul asignada por el Estatuto de Oposición.
En ese sentido, el senador, que viene de perder la contienda electoral del 21 de junio ante el abogado de derecha Abelardo de la Espriella, reiteró la disposición del presidente saliente de eliminar la prima para destinar esos recursos a las necesidades de los ciudadanos. “Como lo dispuso el presidente Petro, ese dinero debe ir al gasto social. No aceptaremos ningún retroceso en esta materia”, afirmó Cepeda.
La discusión jurídica se centra en el Decreto 030 de 2026, expedido por el Gobierno, que eliminaba la prima especial de servicios de los congresistas posesionados a partir del 20 de julio de 2026. Esta prima, establecida en 2013, representaba un ingreso adicional de $7.898.445 mensuales, reajustable cada año, y servía como base para otras prestaciones destinadas a los cerca de 296 miembros del órgano legislativo.
En consecuencia, tras la suspensión, el esquema salarial anterior se mantiene vigente y la reducción salarial no se aplicará por ahora. La decisión se originó tras una demanda de nulidad presentada por Sady Andrés Orjuela Bernal, que argumentó que el decreto representaba, a toda regla, una discriminación salarial entre funcionarios con las mismas funciones y afectaba la independencia y autonomía judicial.
Del mismo modo, los entes ministeriales y administrativos del Estado sostuvieron que la demanda no evidenciaba una infracción manifiesta; en tanto que la Procuraduría General de la Nación apoyó la suspensión provisional, al indicar que cualquier diferencia salarial debía justificarse en criterios objetivos y alertó sobre el riesgo de litigios si se consolidaban recortes sin un fundamento claro en su propósito.
Según cifras consignadas en la providencia judicial, la reducción prevista por la eliminación de la prima especial podía oscilar entre $17.000.000 y $22.000.000 para los funcionarios afectados. Así pues, el Consejo de Estado fundamentó su decisión en la Ley 270 de 1996, que estableció la importancia de una remuneración adecuada y proporcional para atraer a los perfiles más idóneos al servicio público.
Por ahora, la demanda de nulidad sigue en trámite y la suspensión del decreto es provisional; pues el alto tribunal aclaró que su evaluación es preliminar y no anticipa una decisión definitiva sobre el fondo del asunto. En ese orden de ideas, el debate sobre la remuneración de los congresistas y la eliminación de la prima especial seguirá abierto, con posiciones enfrentadas entre los que defienden el recorte y los que lo rechazan.
Fuente Infobae.com