El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se pronunció por la suspensión de su cargo, por decisión de la Procuraduría por supuesta participación en política.
A través de sus redes sociales, habló de un supuesto “golpe de estado en Colombia” y que la “democracia está en riesgo”. “Quieren sacarnos del cargo para intervenir en las presidenciales”, escribió.
También señaló a Álvaro Uribe Vélez y la procuradora Margarita Cabello, de tener un supuesto acuerdo para sacarlo de su cargo como mandatario en Medellín, además de señalar una violación a sus derechos.
“La Procuradora empujada por el Uribismo nos suspende del cargo, en 12 horas, sin competencia ni debido proceso, sin derecho a la defensa, violando nuestros derechos políticos, la Constitución y la ley, la CIDH, pero en especial la voluntad popular”, dijo.
“Golpe de estado”
A través de su cuenta de Twitter, el candidato presidencial Gustavo Petro rechazó fuertemente la suspensión de Daniel Quintero, a la que calificó como un supuesto “golpe de estado”.
“Le pido a toda la ciudadanía y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, defender el voto popular. La procuraduría no puede evadir el mandato popular”, escribió.
Agregó el aspirante por el Pacto Histórico que la situación del alcalde de Medellín es similar a lo ocurrido con él cuando fue mandatario de Bogotá, al ser suspendido por el entonces procurador Alejandro Ordóñez.
“Ya un procurador fascista me suspendió siendo alcalde y la sentencia de la CIDH fue tajante: un órgano administrativo no puede suspender los efectos del voto ciudadano”, dijo.
Petro finalizó diciendo que “la procuradora, buscando ayudar al candidato presidencial de Duque, ha roto la Convención Americana”.
La suspensión a cuatro funcionarios
Los alcaldes de Medellín, Quintero, y de Ibagué, Andrés Hurtado, junto con Gustavo Herrera, concejal de Calarcá (Quindio), y Grenfell Lozano Guerrero, personero de Nátaga (Huila), fueron suspendidos de manera provisional por supuesta participación en política
En un video, la procuradora Margarita Cabello aseguró que su entidad “tiene la competencia constitucional y legal para investigar, suspender provisionalmente y sancionar, hasta con destitución e inhabilidad, a todos los servidores públicos del país, incluyendo a los de elección popular”.
Informó Cabello que todos los funcionarios públicos están en la obligación de cuidar sus declaraciones o acciones, ya que darían a entender que apoyan a un candidato.
“Los servidores públicos deben tener en cuenta que la intervención en política no se reduce al pedido expreso de votar por un candidato, sino que contempla cualquier actuación que genere en el imaginario colectivo la realización de alianzas o apoyo que rompan con el equilibrio de la contienda electoral”, dijo.
Agregó que mientras “no exista ley estatutaria, ningún servidor público, desde el menor rango y hasta el más alto nivel, puede utilizar el cargo para participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos y en las controversias políticas, sin perjuicio de los derechos previstos en la Constitución y la ley”.
Fuente y Fotografía elnuevosiglo.com