La justicia argentina abrió una investigación penal contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, donde se le acusa de posibles crímenes de lesa humanidad. La denuncia, respaldada por el fiscal Carlos Stornelli, revela la presunta participación de Uribe en ejecuciones extrajudiciales durante su gobierno en Colombia, planteando interrogantes sobre el alcance de la jurisdicción universal en casos de esta índole.
Casi un mes después de que se conociera la denuncia contra Álvaro Uribe en Argentina, el diario ‘Clarín’ ofrece detalles cruciales sobre la investigación penal que enfrenta el exmandatario. La causa, iniciada por el fiscal Carlos Stornelli, se centra en examinar la presunta responsabilidad de Uribe en crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Colombia entre el 2002 y el 2008.
Según el informe, la investigación aborda casos específicos de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como ‘falsos positivos’, perpetradas por las Fuerzas Armadas colombianas. Entre las víctimas identificadas se encuentran Luís Eduardo Oñate, Alvaro Adolfo Pina Londoño, Beyer Ignacio Pérez Hernández, Didier Eduardo Durant Badillo, y otras siete personas cuyas identidades aún no fueron confirmadas.
La respuesta del exmandatario en sus redes sociales fue la expresión de su disposición a enfrentar las acusaciones, calificándolas como una “temeridad de abogados al servicio de causas políticas”. Hasta la fecha, Uribe no ha emitido declaraciones sobre la investigación en curso en Argentina.
Carlos Stornelli, el fiscal a cargo del caso, fundamenta la apertura de la investigación en el principio de “justicia universal”, buscando evitar la impunidad en casos de crímenes graves. Según Stornelli, se investigarán 6112 casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas que ocurrieron durante el gobierno de Uribe, en el contexto de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil.
La decisión de llevar el caso ante tribunales argentinos plantea la cuestión de por qué un caso relacionado con crímenes en Colombia se presenta en Argentina. Stornelli se ampara en el principio de jurisdicción universal y en normativas internacionales para justificar la competencia argentina en este caso.
El próximo paso en la investigación implica solicitudes internacionales de cooperación. Stornelli solicitó al juez Sebastián Ramos medidas que involucran a las autoridades colombianas, buscando obtener documentación relacionada con asesinatos y desapariciones forzadas de civiles durante el periodo investigado. Esta cooperación se enmarca en la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal de la Organización de Estados Americanos.
Sobre la denuncia hace un mes
El expresidente colombiano Álvaro Uribe fue denunciado ante un tribunal argentino por su presunta responsabilidad en más de 6.000 ejecuciones y desapariciones forzadas de civiles cometidas entre 2002 y 2008, bajo su gobierno, un caso conocido como “falsos positivos”, informaron el jueves fuentes judiciales.
Tras reunirse con familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos querellantes, el juez federal de Buenos Aires Sebastián Ramos solicitó tiempo para analizar la denuncia y decidir si abre una investigación penal, dijo la abogada colombiana Daniela Rodríguez Sanabria a la AFP.
Argentina reconoce el principio de “jurisdicción universal”, que establece la competencia judicial de los Estados en casos de lesa humanidad sin importar el escenario de los crímenes ni la nacionalidad de los acusados.
El propio juez Ramos abrió en julio una investigación por una denuncia de delitos de lesa humanidad contra jefes de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela por las muertes que dejó la represión de las manifestaciones opositoras de 2014.
Los querellantes contra Uribe incluyen a familiares de cuatro de un total de 6.112 muertos que las fuerzas militares registraron hasta 2008 bajo la presidencia de Uribe (2002-2010) como “bajas en combate”.
La denuncia fue acompañada por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo y la Corporación Jurídica Libertad, las tres organizaciones de Colombia.
El caso fue presentado en Argentina “porque en el país aplica la jurisdicción universal pero también porque compartimos un pasado de atrocidades y creímos que podría haber mayor sensibilidad frente a esta búsqueda de justicia”, dijo Rodríguez Sanabria.
“Estamos esperanzados en una investigación seria, ágil e imparcial, de la que no tuvimos en Colombia”, añadió la abogada, y aseguró que las pruebas presentadas “demuestran el conocimiento de los hechos del expresidente Uribe”.
Los hechos ya están registrados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el mecanismo creado por los acuerdos de paz de 2016 entre el Estado colombiano y la guerrilla FARC, pero sin competencia para juzgar presidentes y expresidentes.
“Creemos que la justicia argentina va a responder. Tenemos expectativas. En Colombia, no hay paz por la corrupción de jueces que han sido amigos de Uribe”, dijo a la AFP Bertina Badillo Herazo, familiar de una de las víctimas incluidas en la denuncia.
Los “falsos positivos” son el peor escándalo que han enfrentado las fuerzas militares de Colombia en más de medio siglo de conflicto armado.
Las víctimas eran llevadas bajo engaño y falsas promesas de trabajo a otras zonas del país donde eran asesinadas y vestidas con ropas de la guerrilla para presentarlas como bajas en combate y conseguir a cambio promociones y días de descanso.
En las confesiones a la JEP, algunos militares manifestaron que eran presionados por sus superiores e incluso han señalado al general Mario Montoya, jefe del ejército entre 2006 y 2008 y muy cercano a Uribe.
Fuente y Fotografía Elnuevosiglo.com