“Vayan buscando qué hacer”: la cruda advertencia del Gobierno a los arroceros de Casanare

Un desolador mensaje proveniente del Ministerio de Agricultura encendió las alarmas durante la Asamblea Extraordinaria de los Comités de Arroceros de Casanare, Yopal y Aguazul. Según reveló Julio Cala, integrante del Comité Departamental de Arroceros, la respuesta del Gobierno Nacional ante la crisis del sector ha sido sugerir a los agricultores que busquen alternativas productivas distintas al cultivo de arroz en la región.

Ante esta postura, Cala calificó el pronunciamiento oficial como «crítico y doloroso» y advirtió que refleja un profundo desconocimiento de las realidades agroecológicas del departamento. El dirigente gremial enfatizó que las condiciones de la sabana inundable de Casanare y Arauca no permiten sustituir el arroz por cultivos como maíz, yuca o plátano, ni equiparar la infraestructura local con la de regiones como la Altillanura, donde grandes empresas privadas e inversiones extranjeras operan con un respaldo financiero inexistente en el llano.

La crisis económica se ha visto agravada por factores climáticos y por la declaratoria de calamidad pública decretada en el departamento, una medida que, según el gremio, abarca no solo a los arroceros, sino a la totalidad del sector agropecuario, incluyendo la ganadería, la porcicultura y la avicultura. Cala criticó que, aunque se han activado mesas de trabajo con Finagro y el Banco Agrario, el Gobierno Nacional no ha logrado articular soluciones con la banca privada (Asobancaria), dejando a cientos de productores al borde del colapso financiero y la mala calificación crediticia.

Asimismo, el vocero cuestionó el impacto de las importaciones masivas amparadas en el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y los acuerdos de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Cala hizo un llamado directo al presidente de la República y al ministro de Agricultura para que se apliquen los mecanismos de salvaguarda comercial contemplados en los tratados —como el artículo 218 del TLC y el artículo 97 del Acuerdo de Cartagena— con el fin de frenar la entrada de grano extranjero y proteger la soberanía alimentaria del país durante los próximos diez años.

Finalmente, el dirigente instó a los parlamentarios de la región a promover la modificación de la Ley de Regalías para que los gobiernos departamentales puedan destinar recursos a fondos de apalancamiento e incentivos financieros (ICR). Los representantes de los comités anunciaron que tocarán de manera directa las puertas del Ministerio de Agricultura y de la Presidencia de la República para exigir una política de estabilidad de precios que garantice la rentabilidad de las familias agrícolas de Casanare.